La segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados minutos antes de las 9 de la mañana con 142 votos afirmativos (106 en contra), gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN).
Votaron en contra UxP, el FIT, los socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC. Sin embargo, la curiosidad fue la presencia al momento de la votación de Marcela Pagano, que no había estado al inicio de la sesión para dar quórum por problemas de salud (desencadenados por un pico de estrés por discusiones internas del bloque libertario).
Para no repetir los mismos errores que llevaron al fracaso del primer debate en febrero, el oficialismo logró imponer que el proyecto sea votado por capítulos enteros, sin entrar en el debate artículo por artículo, y sin ningún cuarto intermedio. “Quieren hablar poco para que pase rápido, para que el tratamiento sea el más oscuro y menos transparente posible”, denunció Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria.
En ese contexto, con 134 votos se aprobó la declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
La sesión incluyó fuertes cruces y acusaciones pero lentamente los ánimos comenzaron a apaciguarse. Durante la tarde, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, llegaron al Congreso y se reunieron con Martín Menem en su despacho. Según informaron a Infobae, ambos funcionarios no vinieron para participar en negociaciones sino para monitorear el desarrollo de la sesión y para mostrar apoyo político.
Al promediar la jornada, la lista de oradores individuales -más de 130- permitía calcular que la votación en general sería alrededor de las 8 del martes y que luego le seguían varias horas de debate en particular. Por esta razón, el recinto comenzó a vaciarse. La mayoría de los diputados se retiró para cenar y dormir un poco.
Fue justamente a raíz de la ausencia de la mayoría de los legisladores que desde Unión por la Patria hicieron mociones para dar por caído el quórum. “Tenemos 45 diputados presentes, no hay quórum para sesionar”, planteó Martín Soria. “Mientras no se vote nada no hay ningún problema con el quórum, que se dejen de chicanear, ya lo hicieron toda la tarde”, contestó Miguel Ángel Pichetto con visible fastidio.
No obstante, las negociaciones y el recuento de apoyos continuaron hasta bien entrada la madrugada porque varios artículos seguían sin tener un consenso claro.
El artículo 3 fue uno de los más cuestionados, ya que faculta al Poder Ejecutivo a “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los organismos públicos que considere innecesarias; también podría fusionarlos, modificar sus estructuras jurídicas o la cantidad de empleados. Si bien en el dictamen se incluyó a pedido de la UCR un listado de organismos que quedarían exentos, como el Conicet, el Incucai, el INTA o el Instituto Malbrán, la redacción del texto genera rechazos. “En este modelo si se les ocurre cerrar el SENASA lo pueden hacer, nosotros no lo vamos a apoyar”, explicó Maximiliano Ferraro, presidente y diputado de la Coalición Cívica.
Al momento de la votación, el oficialismo rechazó los pedidos de modificar la redacción para ampliar la lista de organismos públicos que no pueden ser disueltos por el Poder Ejecutivo. Finalmente fue aprobado con 135 votos a favor.
El impuesto a las Ganancias también recibió críticas de sectores del radicalismo, del bloque Hacemos y de diputados de provincias patagónicas. Todos recordaron que el propio Milei había aprobado su eliminación el año pasado y que había prometido no aumentar impuestos.
“No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente”, dijo el diputado de la UCR, Martín Tetaz.
Los artículos sobre privatizaciones fueron aprobados por 138 votos a favor. Hubo fuertes cruces por el impedimento de votar por separado los artículos. “El radicalismo parece que tiene un reglamento especial, es una vergüenza”, dijo Myriam Bregman.
En tanto, los cuestionamientos al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) -que implica beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de más de USD 200 millones– giraron en torno a la discriminación de las empresas de menor tamaño y de las economías regionales. A su vez, las provincias señalaron que el artículo 162, que establece que si una provincia propone una norma que vaya en contra de las facilidades del RIGI es “nula de toda nulidad”, avasalla la autonomía de las provincias.
“Yo estoy conceptualmente a favor de fomentar las inversiones, pero no con este régimen especial, que en mi caso me parece que me quedó corto si digo que es una animalada. Nada tiene que ver este proyecto con el desarrollo de nuestro país, con ese serio proyecto de desarrollo que necesitamos”, dijo Pablo Juliano, del sector del radicalismo que lidera Facundo Manes.
Por otro lado, las provincias tabacaleras junto a la UCR y Hacemos Coalición Federal buscaron volver a incorporar el capítulo sobre impuestos al tabaco que estaba en el texto original pero luego fue retirado por el Poder Ejecutivo. Este sector busca igualar los tributos que pagan todas las empresas. La Libertad Avanza y el PRO rechazan esta iniciativa.
Al momento de debatir los artículos de la reforma laboral el bloque radical insistió en incluir la eliminación de la cuota solidaria que los sindicatos cobran por convenio a los trabajadores no afiliados. La bancada que conduce Rodrigo de Loredo no contaba con mayores apoyos pero buscó “exponer” a los diputados que votaran “en defensa de la casta sindical”.
Finalmente, la reforma laboral que incluye, entre otros puntos, la extensión del período de prueba a seis meses, la opción del fondo de cese laboral por convenio, el agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio y la eliminación de las multas por trabajo no registrado, fue aprobada con 147 votos afirmativos.
Otro punto en duda es el blanqueo de capitales incluido en el paquete fiscal. La Coalición Cívica y los radicales díscolos ya anunciaron su rechazo.
Antes de la votación en general, Miguel Ángel Pichetto retrucó las críticas de los libertarios a “la política” y aseguró que fue aprobada gracias al esfuerzo de la política. En ese sentido, también le reclamó al Gobierno seguir por el “camino del diálogo constructivo y dejar de agraviar al Congreso”.
También se manifestó en favor del proyecto el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que reconoció que pocos gobiernos tardaron 5 meses en tener las herramientas para llevar adelante su plan de gestión. “No somos gobierno ni cogobierno, pero sentimos la responsabilidad del voto”, concluyó.
“Nosotros nos vamos con la convicción de que hicimos lo que tenemos que hacer. El Presidente dijo que va a invitar al pacto del 25 de Mayo a los que apoyen esta ley, con nosotros que se ahorren la invitación y los canapé. Nosotros vamos a estar con el pueblo”, agregó Leopoldo Moreau.
