La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien ordenó suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense.

La decisión fue confirmada por Sebastián Pareja, principal referente de LLA en la provincia, quien cuestionó duramente el fallo y adelantó que el espacio impulsará el pedido contra la magistrada.

Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado en representación de adolescentes privados de su libertad. A partir de esa resolución, dispuso la suspensión preventiva por 60 días de la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires.

El argumento de la jueza

La magistrada sostuvo que la provincia no cuenta actualmente con la infraestructura ni los recursos necesarios para implementar el nuevo régimen. Entre los argumentos mencionó la falta de establecimientos adecuados y de condiciones materiales para alojar a los adolescentes alcanzados por la nueva normativa.

Pascual también cuestionó que se avance con una mayor respuesta penal sin contar previamente con las instalaciones y recursos necesarios para aplicar el sistema.

La Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional, entró en vigencia el 5 de septiembre. La medida de Pascual no deroga ni suspende la ley en todo el país: impide temporalmente su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

La respuesta de La Libertad Avanza

Desde La Libertad Avanza cuestionaron la decisión judicial y consideran que la resolución interfiere con la aplicación de una ley aprobada por el Congreso.

Pareja calificó duramente a la magistrada y anunció que el espacio avanzará con el pedido de juicio político. La medida se suma a las críticas de otros sectores que cuestionaron el alcance de la resolución.

De esta manera, la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó atravesada por un fuerte conflicto judicial y político en la provincia de Buenos Aires. Mientras sus impulsores reclaman la aplicación de la normativa, la jueza sostiene que antes deben garantizarse las condiciones materiales necesarias para ponerla en práctica.