En una decisión políticamente explosiva y anticipada, el presidente Javier Milei firmó este viernes por la noche los vetos a las leyes que disponían un aumento en las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Los decretos, que se espera sean publicados este lunes en el Boletín Oficial, reafirman la estrategia del mandatario de mantener a raya el gasto público, incluso a costa de un alto costo social y político.
Las leyes habían sido sancionadas por amplia mayoría en el Congreso a comienzos de julio, especialmente en el Senado, donde el proyecto obtuvo 52 votos a favor frente a solo 4 abstenciones. Sin embargo, la viabilidad de revertir los vetos parece lejana: la oposición necesitará reunir los dos tercios de los votos en ambas Cámaras para forzar su promulgación, una mayoría calificada difícil de alcanzar, especialmente en Diputados, donde los márgenes de apoyo fueron mucho más estrechos.
Se trata del segundo veto presidencial a una ley de aumento previsional desde que Milei asumió el poder, reafirmando un patrón que prioriza el ajuste fiscal por sobre demandas sociales urgentes.
Qué decían las leyes vetadas
El paquete legislativo vetado incluía tres iniciativas clave:
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Un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones, sumado a la elevación del bono mensual de $70.000 a $110.000.
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La restitución de la moratoria previsional, que permitía a personas mayores de 65 años sin 30 años de aportes acceder a una jubilación. El régimen había vencido en marzo.
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La declaración de emergencia en discapacidad, que garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes terapéuticos, transportistas), reactivaba el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba valores congelados desde hace más de un año, como la remuneración de $28.000 para trabajadores con discapacidad en talleres protegidos.
El Ejecutivo consideró que las medidas representaban un gasto insostenible para las arcas públicas y podrían desestabilizar la política de déficit cero, uno de los pilares del programa económico de Milei.
Congreso dividido, calles en tensión
La sesión del próximo 6 de agosto en Diputados no incluirá por ahora el tratamiento de los vetos. En su lugar, la oposición buscará avanzar con proyectos relacionados al financiamiento universitario y la salud pediátrica. No obstante, el descontento social por la decisión presidencial no se hará esperar.
Para el miércoles, mientras se desarrolle la sesión en la Cámara baja, están convocadas nuevas movilizaciones de jubilados frente al Congreso. Y el jueves se espera una multitudinaria marcha al santuario de San Cayetano en Liniers, liderada por la CGT y organizaciones sociales, bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».
El cálculo político del veto
Milei apuesta a que la oposición no podrá reunir los votos necesarios para revertir la medida. Su decisión, lejos de ser improvisada, forma parte de una narrativa que lo posiciona como el garante del equilibrio fiscal, incluso en momentos de alta sensibilidad social. En esa línea, el veto se convierte también en un mensaje a los mercados, al Fondo Monetario Internacional y a sus votantes más fieles.
Sin embargo, los riesgos son evidentes: con una economía aún golpeada por la recesión y amplios sectores sociales en situación de vulnerabilidad, el costo político podría acrecentarse si la calle vuelve a marcarle el ritmo a la Casa Rosada.
Conclusión:
La decisión de Javier Milei de vetar el aumento a jubilaciones y la emergencia en discapacidad marca una nueva etapa de confrontación institucional. Entre los números fríos del ajuste y el calor de la protesta social, el gobierno nacional se adentra en una semana decisiva que pondrá a prueba su estrategia de poder y su relación con el Congreso.
Ámbito / Uruguayenses Digital
