La disputa por la presión impositiva sumó un capítulo de alto voltaje político. El Gobierno nacional lanzó un portal oficial que no solo exhibe tasas municipales de todo el país, sino que habilita a los ciudadanos a denunciarlas. La herramienta, presentada por el ministro de Economía Luis Caputo junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, formaliza una estrategia que la administración de Javier Milei viene desplegando desde el inicio de su gestión: exponer la carga tributaria local y trasladar la discusión al contribuyente.
El sitio, denominado “Transparencia Tributaria Municipal”, permite consultar alícuotas, bases imponibles y tasas vigentes en municipios de todo el país, compararlas entre sí y, punto central, denunciar cobros considerados abusivos. El mensaje político que acompaña la iniciativa es directo: “Que nadie se quede con lo que es tuyo”.
La medida profundiza una tensión que ya venía escalando. A comienzos de 2025, Caputo había intimado a provincias e intendencias a revisar tasas que según el criterio nacional no guardaban relación con el costo del servicio prestado. Desde las gobernaciones respondieron que la mayor presión tributaria es de origen nacional y recordaron el recorte de transferencias como el FONID y el Fondo Compensador del Interior. El conflicto fiscal quedó así instalado como eje estructural del vínculo Nación–provincias–municipios.
La denuncia como herramienta política
El nuevo portal introduce un elemento sensible: la denuncia ciudadana directa. Ya no se trata solo de transparentar datos, sino de abrir un canal institucional para cuestionar tributos locales. En términos políticos, el Gobierno desplaza la discusión desde la negociación intergubernamental hacia la exposición pública de cada intendencia.
En Córdoba, la publicación previa de planillas comparativas encendió alarmas. Intendentes como Marcos Ferrer (Bell Ville) y Guillermo de Rivas (Río Cuarto) cuestionaron lo que consideraron simplificaciones metodológicas y falta de contexto en los rankings de alícuotas. Desde Alta Gracia y la capital provincial también se objetó que una alícuota aislada no permite evaluar la presión fiscal real sin contemplar estructura productiva, volumen de actividad y servicios prestados.
Otros jefes comunales, en cambio, respaldaron la iniciativa o adoptaron una postura moderada, señalando que sus tasas quedaron rezagadas frente a la inflación. La reacción desigual refleja el trasfondo político del debate.
El respaldo empresarial
El diagnóstico que impulsa la ofensiva oficial encuentra eco en estudios sectoriales. Un informe de la Unión Industrial Argentina relevó 84 tributos municipales y un promedio de 7,4 pagos por empresa en distintas locaciones del país. La Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) concentra un tercio de los pagos y, según estudios económicos citados por cámaras empresarias, impacta directamente en el precio final de productos como alimentos.
El informe advierte sobre posibles desproporciones entre lo abonado y el servicio recibido, así como situaciones de doble imposición. Ese argumento técnico ahora se convierte en insumo político a través del portal nacional.
Un debate que trasciende lo técnico
La pregunta de fondo es institucional: ¿hasta dónde puede el Estado nacional intervenir —aunque sea de forma indirecta en potestades tributarias municipales mediante exposición pública y denuncias?
Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de una herramienta de transparencia y defensa del contribuyente, varios intendentes denuncian un avance político sobre la autonomía local.
La presión impositiva dejó de ser una discusión técnica de planillas y porcentajes. Ahora se libra en un escenario público, con nombres propios, rankings comparativos y una nueva herramienta digital que promete intensificar la disputa.
