El Gobierno Nacional continúa con su pretensión de desmantelar lo mejor que tiene el Estado argentino: sus instituciones de salud pública ejemplares como el Hospital Garrahan, de producción de conocimiento como el Conicet y de protección de los más vulnerables, como lo son las personas con discapacidad.
Alguna persona distraída puede pensar que se trata de insensibilidad y necedad, en una interacción marcada por la necesidad de que les cierren las cuentas. Creemos que no es esa la explicación, sobre todo cuando vemos, al mismo tiempo que estos recortes brutales y ataques directos, el incremento injustificable de los montos destinados a inteligencia, que aumentaron un 254% en apenas meses.
Se trata de un plan, de un programa de gobierno, ampliamente anunciado por el actual Presidente, que pretende destruir las funciones sociales básicas del Estado y dejar solamente aquellas que resultan funcionales para los poderes constituidos, para los sectores afines al poder (especuladores, grandes bancos y empresas extranjeras extractivistas o sus socias locales).
Las palabras que se conocieron en estos días, proferidas por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (“no es un problema del Estado sino de cada familia”), configuran un maltrato público inédito y cruel hacia las personas con discapacidad y sus grupos familiares. Las sociedades que no cuidan a las personas más débiles de su seno no merecen ser consideradas humanas, y los gobiernos que se desentienden del destino de ellas serán, más tarde o más temprano, condenadas por el voto popular y destinadas a llenar las páginas del oprobio de los futuros libros de historia.
Quizás los brulotes que cada semana, que cada día, emite el Presidente o algunos de sus funcionarios ineptos, improvisados o macabros, tienen que ver con el fracaso de su plan: el Gobierno ha anunciado como un éxito el hecho de que tuvo que salir a mendigar crédito internacional ofreciendo intereses leoninos en pesos (30 por ciento), para sostener un plan económico que hace agua por los costados, con su única prioridad que es llegar a las elecciones de octubre.
En ese marco, las máximas autoridades de la Nación continúan su prédica de odio entre el pueblo argentino, tratando de instalar la insidiosa acusación de que los problemas que padecemos son responsabilidad de otros sectores del pueblo argentino. Montados en una soberbia inédita, atacan a la salud pública, aspiran a destruir la producción de conocimiento y a abandonar a su suerte a las personas con discapacidad y sus familias.
Es necesario recordarle a las máximas autoridades nacionales que el derecho a la salud se encuentra consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales incorporados por ella (art. 75 inc.22). Asimismo, la Constitución Provincial de Entre Ríos establece en su artículo 19 a la salud como derecho humano, por lo cual es imprescindible que nuestros representantes obren en ese sentido, y blinden el acceso a la salud a la población, sobre todo a la más vulnerable.
Al mismo tiempo debemos proteger nuestro sistema de producción de conocimiento, la labor de nuestros científicos e investigadores, porque como dijo nuestro primer premio Nobel en ciencia, el gran Bernardo Houssay, “la ciencia no es cara; cara es la ignorancia”. Y es imprescindible proteger los derechos de las personas con discapacidad, abrazarlas y cuidarlas, y no abandonarlas a su suerte en esa increíblemente egoista, equivocada y patológica versión de la idea de “libertad” que tiene en su mente y su discurso el Primer mandatario de nuestro país.
Porque como dice la inmortal obra de José Hernández, “no tiene patriotismo quien no cuida al compatriota”.
Martin H. Oliva
Senador Provincial
