El Casino de Oficiales de la Departamental Uruguay vuelve a estar en el centro de una serie de cuestionamientos vinculados con el manejo de los recursos que administra.

Los planteos realizados apuntan a fondos provenientes de cuotas que se descuentan al personal policial, alquileres del quincho y actividades como la fiesta de fin de año.

El principal reclamo es concreto: conocer cuánto dinero ingresa, quién lo administra, en qué se utiliza y qué documentación respalda cada movimiento.

Cuotas que se descuentan al personal

Según los planteos recibidos, existe un aporte mensual que alcanza al personal policial y cuyos fondos deberían destinarse al funcionamiento del propio Casino de Oficiales.

Entre los gastos vinculados a ese destino aparecen alimentación, alojamiento, mantenimiento, mobiliario, vajilla, camas, colchones y elementos de higiene y limpieza.

Sin embargo, quienes cuestionan la administración aseguran que se habría producido un deterioro en algunos de esos servicios, con falta de reposición de elementos y dificultades para atender necesidades básicas del establecimiento.

La pregunta que surge es inevitable: si el personal aporta todos los meses, ¿qué destino está teniendo ese dinero?

El quincho y los alquileres a particulares

Otro de los puntos señalados es el funcionamiento del quincho policial.

Según los testimonios aportados, el espacio sería alquilado tanto a funcionarios como a particulares. Pero existe un señalamiento más específico: se afirma que en algunos casos civiles utilizarían el nombre de un funcionario policial para concretar el alquiler.

De ser así, la situación debería poder aclararse fácilmente mediante los registros correspondientes: quién alquiló, cuánto pagó, quién recibió el dinero y cómo fue contabilizado ese ingreso.

No se trata solamente del alquiler del espacio, sino de determinar cómo se registran esos ingresos y cuál es posteriormente su destino.

 

El punto más delicado: una clínica

Uno de los cuestionamientos más fuertes apunta al supuesto uso de recursos del Casino, del alquiler del quincho y de otras actividades para financiar la construcción o refacción de una clínica.

Quienes realizaron los planteos sostienen que esos fondos habrían sido destinados a una finalidad ajena al funcionamiento del Casino.

También aseguran que, ante las consultas realizadas, la respuesta habría sido reiteradamente que se trataba de una “disposición superior”.

Pero si efectivamente existió una orden de ese tipo, la pregunta es simple:

¿Quién la dio? ¿Cuándo? ¿Mediante qué resolución o autorización? ¿Cuánto dinero se destinó a esa obra?

Son datos que deberían poder acreditarse documentalmente.

La fiesta de fin de año y los premios pendientes

Otro de los puntos cuestionados está relacionado con la fiesta de fin de año.

Según los planteos, los integrantes del personal abonaron sus tarjetas y se recaudó dinero para distintos premios, entre ellos dinero en efectivo, vouchers, electrodomésticos y una motocicleta 0 km.

Sin embargo, se afirma que algunos premios todavía no habrían sido entregados.

En este caso también hay una cuenta que debería ser sencilla de comprobar:

cuánto se recaudó, cuánto se gastó en la organización y qué premios fueron efectivamente entregados.

¿Cuánto se recauda y dónde termina?

Los cuestionamientos no se limitan a un gasto puntual.

Lo que se reclama es una rendición clara de los recursos que ingresan al Casino de Oficiales.

Entre las preguntas planteadas aparecen:

  • ¿Cuánto se recauda mensualmente mediante los aportes del personal?
  • ¿Cuánto dinero generan los alquileres del quincho?
  • ¿Quién administra esos recursos?
  • ¿Quién autoriza los gastos?
  • ¿Qué documentación respalda cada pago?
  • ¿Existen rendiciones periódicas?
  • ¿Se utilizaron fondos para obras externas al Casino?
  • ¿Qué ocurrió con los premios pendientes de la fiesta de fin de año?

Un antecedente que vuelve más sensible el tema

Los nuevos cuestionamientos aparecen además después de un antecedente concreto ocurrido en la misma estructura.

En agosto de 2026, el Gobierno de Entre Ríos oficializó una sanción de 55 días de arresto contra el exjefe de la Departamental Uruguay, Ramón Alejandro Albornoz, por irregularidades administrativas vinculadas con fondos del Casino de Oficiales y del Círculo Policial.

El sumario determinó un faltante de $6.391.411,14 y el caso también derivó en una investigación penal por presunto peculado.

Ese antecedente no permite afirmar que los nuevos cuestionamientos respondan al mismo hecho ni que exista actualmente un nuevo delito, pero sí explica por qué cualquier duda sobre el manejo de estos recursos merece ser respondida con documentación y transparencia.

Las cuentas tienen que estar claras

Cuando se trata de dinero aportado por trabajadores, ingresos provenientes de alquileres o fondos recaudados mediante actividades, las explicaciones no deberían quedar solamente en palabras.

Quién recauda. Quién administra. Quién autoriza. Cuánto entra. Cuánto sale y dónde termina cada peso.

Si todo está en regla, los comprobantes y las rendiciones deberían permitir despejar las dudas.

Y si existen irregularidades, corresponde que sean determinadas por las autoridades competentes.

Por ahora, lo que existe son cuestionamientos concretos que reclaman respuestas concretas. Y en un organismo que tiene entre sus funciones garantizar la seguridad de los ciudadanos, la transparencia sobre sus propios recursos también debería ser una obligación.

Redacción Uruguayenses.com