Por Juan Martín Garay
ENERSA acumula ganancias millonarias mientras industrias, comercios y vecinos sufren tarifas eléctricas impagables. Entre Ríos tiene una de las tarifas eléctricas más caras del país. Cada mes, al abrir la boleta de ENERSA, lo sentimos en el bolsillo. Pero detrás de ese número doloroso hay un modelo que debe ser discutido: ¿puede una empresa estatal obtener ganancias millonarias mientras sus usuarios están ahogados por la factura?
Superávit récord y tarifas desproporcionadas
Durante 2024, ENERSA cerró con un superávit superior a 42 mil millones de pesos. De esa cifra, más de 15 mil millones se pagaron a la Nación en concepto de Impuesto a las Ganancias. Esto revela que los usuarios entrerrianos pagaron tarifas tan elevadas que generaron utilidades extraordinarias para la empresa estatal.
Sin embargo, ese dinero no retorna a la provincia en forma de inversiones, obras, mejoras en el servicio o subsidios. Las familias, comercios e industrias entrerrianas enfrentan una de las facturas eléctricas más altas del país, lo que impacta directamente en la competitividad, el empleo y el desarrollo local.
Cabe destacar que muchas empresas privadas, antes de los gobiernos de Frigerio y Milei, pagaban apenas el 10% de lo que abonan hoy por el servicio eléctrico. Un aumento brutal que no solo afecta a los hogares, sino que profundiza la crisis del sector productivo provincial.
Impuesto a las Ganancias: señal de rentabilidad excesiva
Que ENERSA haya tributado más de 15 mil millones de pesos en Ganancias a la Nación no es un dato menor. Es el reflejo de una empresa con márgenes de rentabilidad elevados, que pudo y debió utilizar parte de esas ganancias para amortiguar los incrementos tarifarios, en lugar de trasladar todo el costo a los usuarios.
¿Tiene sentido que la renta generada en Entre Ríos se transfiera a la Nación sin que se reinvierta en nuestra provincia? Esta lógica es inequitativa y dañina para los entrerrianos. El superávit podría haberse utilizado para bajar el costo de la energía domiciliaria y productiva, en lugar de engrosar balances y pagar impuestos nacionales que no se reflejan en mejoras locales.
La verdad sobre la tasa municipal y el alumbrado público
En medio de este escenario, circula la propuesta de eliminar la tasa municipal de alumbrado público incluida en la boleta de ENERSA, bajo la idea de aliviar la factura eléctrica. Pero esa idea esconde una realidad clara: si desaparece el cobro en la boleta de luz, ese costo no desaparece.
Simplemente se trasladará a la Tasa General Inmobiliaria (TGI), que tendrá que aumentar para compensar la pérdida de recursos municipales. Esto significa que la supuesta “rebaja” en la factura eléctrica será solo una ilusión.
Además, la efectividad de pago de ENERSA supera el 90%, mientras que la TGI no llega al 70% en el mejor de los casos. Esto generaría un subsidio cruzado entre vecinos, donde algunos pagarían más para cubrir a quienes no abonan la tasa inmobiliaria.
Por eso, la discusión no es eliminar la tasa municipal, sino garantizar que el cobro por alumbrado público se mantenga de manera justa y eficiente, asegurando que los recursos lleguen a donde deben para sostener un servicio fundamental.
¿Qué debe discutirse en Entre Ríos?
La clave está en repensar el modelo energético provincial. ENERSA, como empresa estatal, debe estar al servicio del desarrollo y el bienestar de la población, y no solo como una generadora de renta financiera para tributar Ganancias a un Estado nacional que no reinvierte en la provincia.
La energía no puede ser un privilegio ni un negocio especulativo. Debe ser una herramienta para la inclusión social, la producción y el desarrollo sostenible.
Propuestas para una energía justa y federal
- Crear un fondo compensador para alumbrado público, financiado con parte del superávit de ENERSA.
- Impulsar una auditoría pública y transparente sobre la política tarifaria y el uso de los fondos de ENERSA.
- Establecer mecanismos que condicionen el pago del Impuesto a las Ganancias de empresas provinciales a la reinversión efectiva de esos recursos en Entre Ríos.
- Utilizar utilidades para reducir efectivamente el costo de la energía para hogares y empresas.
- Exigir un debate provincial amplio y participativo sobre el costo de la energía y el rol de las empresas públicas.
- Defender la autonomía municipal y su potestad para establecer tasas, garantizando el federalismo local y la equidad entre vecinos.
Lo que necesitamos
Entre Ríos necesita una política energética justa y federal. No se puede seguir transfiriendo recursos a otros niveles del Estado a costa del sacrificio de los entrerrianos. La energía debe ser un derecho garantizado con equidad y sentido provincial.
Este escenario demanda un compromiso firme de quienes están a cargo del gobierno provincial para que la energía no sea un factor que profundice desigualdades y encarezca la producción, sino un motor que impulse el desarrollo económico y social de Entre Ríos.
La responsabilidad de construir un modelo energético justo no solo es técnica o económica: es una decisión política que debe priorizar a las personas, sus familias, las empresas locales y el futuro de nuestra provincia.
Porque al final, lo nuestro es la gente, lo único que debe importarnos. Y eso debe estar siempre por encima de cualquier interés financiero o centralista.
(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-
