El candidato principal de ese espacio en la provincia, Joaquín Benegas Lynch, lo expresó sin rodeos: quiere entregar todas las empresas estatales, incluidas ENERSA y la represa de Salto Grande. No es un planteo aislado ni un exabrupto. Allí donde existen empresas públicas eficientes, rentables y con rol social, ellos solo ven un negocio privado.
Para esta visión, todo se traduce en “unidades de negocio”, incluso aquello que para los entrerrianos significa identidad, soberanía y derecho. Allí donde hay un servicio público, ellos buscan un rédito económico. Esto pone en riesgo la soberanía energética, los recursos provinciales y el control ciudadano sobre servicios esenciales que son patrimonio de todos los entrerrianos.
ENERSA: rentable pero bajo amenaza
En 2024, ENERSA generó un superávit superior a 42 mil millones de pesos y aportó más de 15 mil millones en Ganancias al Estado nacional. Es una empresa estratégica, rentable y clave para garantizar la energía en Entre Ríos, sosteniendo el funcionamiento de hogares, comercios e industrias.
Aun así, las familias y empresas de la provincia sufren aumentos significativos en las boletas de luz, producto de los ajustes mayoristas y la quita de subsidios. Privatizar ENERSA no resolverá este problema: solo transferirá riqueza pública a manos privadas y reducirá el control ciudadano sobre un servicio esencial.
La pregunta es inevitable: ¿quién gana con la privatización y quién paga la factura? La historia y los datos lo demuestran: la energía no es un lujo, es un derecho que debe permanecer bajo gestión pública.
Salto Grande: historia, identidad y desarrollo regional
La represa de Salto Grande produce la electricidad más barata del país y estabiliza el sistema eléctrico nacional. Es un patrimonio estratégico que, aun habiendo sido motor de infraestructura, educación, salud y deporte en Concordia, Federación y toda la región, hoy aparece reducido a una “unidad de negocio” para actores del mercado eléctrico, en lugar de beneficiar directamente a la zona que la aloja.
El 14 de mayo de 1995, más del 90% de los votantes de Concordia y Federación rechazó su privatización en un plebiscito histórico. Aquella decisión defendió el patrimonio colectivo y dejó una lección clara: los entrerrianos saben cuándo defender sus derechos y su futuro.
Treinta años después, la amenaza regresa. La alianza Frigerio–Milei pretende ignorar esa memoria colectiva, repitiendo viejas recetas de entrega del patrimonio público bajo otra boleta electoral, ahora de color violeta. Las declaraciones de Benegas Lynch muestran que la privatización no es hipótesis, es proyecto político.
Además, conviene remarcar: Salto Grande es un emprendimiento binacional. Privatizarla es jurídicamente inviable sin acuerdo con la República Oriental del Uruguay. Que Benegas Lynch lo proponga revela la intención de avanzar, junto con Frigerio, en entregar el patrimonio entrerriano a la lógica del mercado. Ocurre que nadie puede defender lo que no conoce ni proteger lo que no siente como propio por falta de entrerrianía.
La historia se repite: endeudamiento y entrega
El libreto es conocido: primero endeudamiento, luego privatización. Los mismos actores que promovieron políticas de entrega en los ’90 hoy aplican la misma fórmula, bajo otro color político, pero con idéntico objetivo: negocios para unos pocos.
No fue un error ni un exabrupto: Benegas Lynch habló con claridad. Donde hay empresas públicas con superávit, ellos ven oportunidades de negocio privado, aun a costa de la soberanía energética y el bienestar de todos los entrerrianos.
Una oportunidad para defender a Entre Ríos
Las elecciones ofrecen una oportunidad para fijar una postura firme en defensa de los intereses provinciales. Se trata de elegir representantes ante el Congreso Nacional que prioricen el bien común sobre los negocios privados.
ENERSA y Salto Grande son patrimonio colectivo frente a un proyecto que busca apropiación privada. Defenderlos no es ideología: es una necesidad vital para la vida cotidiana de cada entrerriano.
El frente La Libertad Avanza de Frigerio y Milei es el frente que, además de buscar un resultado electoral favorable y endeudar, pretende privatizar Entre Ríos. La política no puede reducirse a una planilla de negocios: lo nuestro es la gente, no las unidades de negocio.
Ante esta amenaza, las convicciones deben ser firmes y claras: Entre Ríos no se vende, se defiende. Nuestra energía, nuestra soberanía, nuestro futuro. Pensemos una Entre Ríos para los entrerrianos. ¡Fuerza Entre Ríos!
(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-
