Los grupos ambientales que integran el Encuentro Ambiental Uruguayense presentaron este martes 3 de noviembre notas dirigidas al intendente José Eduardo Lauritto, al Concejo Deliberante a través de su presidenta, la ingeniera Rossana Sosa Zitto y a la Coordinación General de Planificación, Servicios Sanitarios y de Proyectos Estratégicos.

El objetivo es solicitar precisiones sobre el procedimiento de evaluación del Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental (COTA), dispuesto por el Decreto Municipal 29455/26, firmado el 26 de octubre.

En el documento presentado, las organizaciones plantean que el proceso debe desarrollarse con reglas claras, transparencia y participación ciudadana, debido a la importancia del Código para regular el crecimiento urbano, las construcciones y la protección de áreas de valor ambiental y patrimonial de la ciudad.

Diferencias entre el decreto y el Código

Uno de los puntos centrales del planteo se refiere a diferencias terminológicas entre el decreto y el texto del COTA. Según señalan las organizaciones, el Código contempla dos instancias: la evaluación, prevista en el artículo 216, y la actualización, regulada por el artículo 217.

Sin embargo, advierten que el decreto utiliza el término «revisión» y menciona una «Comisión Revisora», mientras que el Código establece la existencia de una Comisión Asesora. También cuestionan que el decreto califique como «indicativo» al artículo 216.

Por ese motivo, solicitan que se aclare formalmente que el procedimiento iniciado corresponde a la evaluación prevista en el artículo 216 y que cualquier eventual actualización posterior cumpla con todas las etapas establecidas en el artículo 217.

Participación, especialistas e información pública

Las organizaciones también plantean interrogantes sobre cómo se elaborará el dictamen de la Comisión Asesora, cómo quedarán registradas las posiciones divergentes y de qué manera cada integrante podrá incorporar sus observaciones y documentos.

Además, solicitan precisiones sobre la coordinación y el funcionamiento de la Comisión, la publicidad de las actas, el cronograma de trabajo y el destino que tendrán las conclusiones.

Otro de los pedidos apunta a garantizar la convocatoria de especialistas en ordenamiento territorial y la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuando se analicen cuestiones vinculadas con las zonas periurbana y rural.

En paralelo, las entidades realizaron un pedido de información pública ambiental, en el marco de la Ley Nacional 25.831. Entre otros datos, requieren conocer qué instituciones fueron invitadas a integrar la Comisión Asesora, el estado del registro de ciudadanos interesados en participar, la fecha prevista para la reunión constitutiva y los documentos de trabajo elaborados por el Municipio.

Plazos y respuestas solicitadas

De acuerdo con el decreto, existe un plazo de 30 días corridos para formalizar las invitaciones, integrar la Comisión Asesora y realizar su reunión constitutiva, que vence el 25 de noviembre de 2026.

Las organizaciones solicitan que sus planteos sean considerados en esa instancia y que las respuestas sean entregadas por escrito antes de comenzar el tratamiento de fondo de la evaluación.

Asimismo, piden que se les otorgue un número de expediente y que la información ambiental requerida sea suministrada dentro del plazo establecido por la legislación vigente.

(Uruguayenses.com)