La reciente incorporación de 48 patrulleros para la Policía de Entre Ríos no sólo generó repercusiones institucionales, sino que encendió un fuerte intercambio en redes sociales entre el exdiputado nacional Marcelo Casaretto y el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia. El cruce dejó al descubierto una discusión que trasciende la compra de vehículos: la forma en que se gestiona y comunica la inversión en seguridad.
Casaretto apuntó primero. En una publicación, cuestionó que la adquisición de los móviles se hubiera realizado mediante un crédito del Banco de Entre Ríos, y no con recursos genuinos de la Provincia. “Nada es inversión genuina, todo es endeudamiento para los entrerrianos”, lanzó el exlegislador, instalando el debate alrededor del financiamiento.
La respuesta de Roncaglia no tardó y llegó desde su cuenta de Instagram, con un tono menos protocolar y más visceral. Sin mencionar directamente a Casaretto, calificó a sus críticos como “garcas fracasados” y defendió el procedimiento utilizado para la compra de los vehículos. Aseguró que el crédito fue la vía necesaria y que el proceso se hizo “todo legalmente”, remarcando que “nadie se robó un peso”.
El ministro también subrayó que los 48 móviles fueron entregados “todos para la policía”, sin desvíos hacia funcionarios ni jefaturas. “Muchos deben aprender cómo se gestiona el dinero público que pertenece a la gente, no a los administradores”, concluyó, sugiriendo que la transparencia en la operación es, en su visión, motivo del malestar de sus detractores.
La polémica surge pocos días después del acto oficial en Plaza Mansilla, donde el gobernador Rogelio Frigerio y Roncaglia presentaron la nueva flota, valuada en aproximadamente $2.000 millones. Allí, el ministro había destacado su “felicidad y orgullo” por reforzar el sistema de seguridad provincial y por mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos policiales, quienes —recordó— desarrollan tareas complejas a diario.
Mientras los móviles ya patrullan las calles, la discusión política continúa en el terreno digital, donde cada publicación suma un nuevo capítulo a la disputa por el relato en torno a la inversión pública en seguridad.
