El gobierno nacional ha puesto bajo revisión más de 100 predios pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el objetivo de desprenderse de unas 47.500 hectáreas que considera “improductivas”. Esta iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca reducir la superficie administrada por el organismo científico, pero también reconfigura su estructura institucional, funcional y operativa.
Con una superficie total cercana a las 101.500 hectáreas, el INTA es uno de los pilares del sistema científico-productivo argentino. Su rol va más allá de la investigación: articula con universidades, transfiere tecnología al agro y cumple una función clave en el desarrollo de innovación para la producción de alimentos, prácticas agrícolas, vacunas y sanidad vegetal. El recorte propuesto no sólo implica una redefinición de su presencia territorial, sino también el despido de más de 1.500 trabajadores entre técnicos, científicos y administrativos.
¿Productividad o visión a largo plazo?
Desde el Ejecutivo se justifica la decisión con un argumento de eficiencia: de las 101.500 hectáreas, “sólo 54.000 estarían en uso efectivo”. El resto, aseguran, no está siendo aprovechado por motivos logísticos, legales o de infraestructura. Sin embargo, la venta de tierras no se limitaría estrictamente a aquellas que hoy no se utilizan, sino a las que se determinen como “no esenciales”, bajo criterios eminentemente inmobiliarios.
Este enfoque introduce un debate de fondo: ¿puede medirse la productividad de un organismo científico sólo por el uso inmediato de sus activos físicos? La respuesta, desde una perspectiva estratégica, es más compleja. Muchas de estas tierras cumplen funciones potenciales, están proyectadas para expansión futura o cumplen un rol clave en el entramado federal de experimentación, sobre todo en regiones donde la presencia estatal es débil pero necesaria.
Reducción del Estado y transformación institucional
El rediseño del INTA no sólo se limita a la venta de tierras. El Gobierno también ha modificado su estructura organizacional, desplazando su tradicional conducción colegiada por una presidencia designada por el Poder Ejecutivo, y lo ha convertido en un ente desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura.
Federico Sturzenegger, uno de los principales ideólogos del ajuste estructural, defiende esta reestructuración como una forma de eliminar “sobredimensionamiento” y “opacidad”. Según sus datos, el INTA cuenta con más de 6.000 empleados, 2.400 vehículos y 932 cargos jerárquicos. Para él, se trata de un gasto excesivo que debe ser corregido. Lo que omite en su planteo es que el crecimiento del organismo fue paralelo al aumento de la complejidad productiva del agro argentino, uno de los sectores más tecnificados del país.
Un riesgo para la soberanía científica
Más allá del volumen presupuestario o el número de hectáreas en juego, el corazón del conflicto está en el modelo de país que se discute. Mientras el Gobierno prioriza una racionalización de activos desde una óptica financiera, distintos actores del sector agropecuario, científico y universitario advierten que el desmantelamiento del INTA pone en riesgo décadas de construcción de soberanía tecnológica y desarrollo territorial.
Reducir el INTA implica debilitar la capacidad del Estado de intervenir y guiar la evolución del sistema agropecuario argentino. También puede implicar una dependencia mayor de insumos, desarrollos y tecnologías importadas, que hoy se producen y transfieren localmente.
