Sin eufemismos ni medias tintas, AGMER salió a marcar la cancha. Reunido en Ibicuy, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales junto a la Comisión Directiva Central declaró el estado de alerta y movilización ante un escenario que combina salarios pulverizados, obra social desfinanciada y una amenaza directa sobre el sistema jubilatorio docente.
El diagnóstico es claro: la docencia pierde poder adquisitivo, las condiciones de vida se degradan y el ajuste avanza. Y no es un fenómeno aislado. El sindicato pone el foco en el Presupuesto Nacional 2026, que recorta la inversión educativa a menos del 0,7% y desmantela programas clave: infraestructura escolar, formación docente, tecnología, comedores. La paritaria nacional sigue congelada y el salario docente quedó por debajo de la línea de indigencia. Eso no es un error técnico: es una decisión política.
La motosierra también apunta a las jubilaciones. En Entre Ríos, AGMER denuncia la voluntad del gobierno provincial de avanzar con una reforma previsional que atacaría la Ley 8732. La respuesta es tajante: “La 8732 no se toca”. El 82% móvil, la jubilación especial docente y el sistema de pensiones no son privilegios, son derechos conquistados. El déficit de la Caja —advierte el sindicato— no lo generaron los trabajadores, sino políticas de salarios en negro, monotributización del Estado, reducción de personal aportante y una estructura tributaria que favorece a los que más tienen. A eso se suma el abandono del reclamo a Nación por los fondos que ANSES le debe a Entre Ríos.
El conflicto no termina ahí. AGMER también pone en la mira el deterioro de la obra social OSER, responsabilizando al gobierno por su conducción y por el recorte en coberturas y prestaciones. La salud, advierten, no puede ser tratada como un negocio ni como una variable de ajuste. Por eso reivindican la Vocalía Docente como herramienta clave para defender a las y los afiliados.
En el plano laboral, el gremio recuerda que cerró 2025 enfrentando intentos de recorte en institutos de formación docente, cierre de cargos y recategorizaciones arbitrarias. Y abre 2026 acompañando a trabajadores estatales despedidos por rescisión de contratos. El mensaje es político: menos Estado significa peores servicios y más exclusión.
A días del inicio del ciclo lectivo, AGMER advierte que no se trata de un trámite administrativo. Volver a las escuelas con salarios que no alcanzan para alquiler, comida y servicios es una forma de precarización. Sin edificios en condiciones, sin insumos, sin estabilidad laboral, no hay derecho a la educación posible.
Por eso el sindicato exige: paritaria salarial urgente, respeto absoluto a los derechos previsionales, estabilidad laboral con concursos transparentes, inversión real en infraestructura, obra social funcionando, transporte escolar garantizado y fin del ajuste en educación. No al cierre de cargos ni escuelas. Sí al financiamiento educativo.
AGMER se planta como un colectivo organizado, democrático y en pie de lucha. Y deja un mensaje que no admite dobles lecturas:
cuando se ajusta sobre salarios, jubilaciones y escuelas, no se está ordenando el Estado, se está hipotecando el futuro.
