El gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó la privatización de Corredores Viales S.A., una medida que trae consigo la licitación de más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales, que serán concesionadas bajo el régimen de peaje. El decreto, firmado por el mandatario y el ministro de Economía, Luis Caputo, no solo establece la disolución de la empresa estatal, sino también la adjudicación de nuevos contratos para la gestión y mantenimiento de estas rutas, generando preocupación por el impacto en los usuarios de las mismas.
En la provincia de Entre Ríos, esta medida afectará directamente a más de 300 kilómetros de rutas nacionales, un cambio que involucra a importantes arterias viales que conectan diversas localidades de la región. Entre las rutas que serán privatizadas, se destacan:
- Ruta Nacional 18: Desde el empalme con la ruta nacional 12, en Paraná, hasta el empalme con la ruta nacional 14, en Puerto Yeruá, abarcando un total de 226,7 kilómetros.
- Ruta Nacional 12: Desde el empalme con la ruta nacional 131, en Diamante, hasta el empalme con la RN 18, en Paraná, con una extensión de 49,39 kilómetros.
- Ruta Nacional 136: Desde el empalme con la ruta provincial 20, en Gualeguaychú, hasta el límite internacional Argentina–Uruguay en el Puente Internacional Libertador General San Martín, con 34,36 kilómetros.
El cambio ha generado una serie de expectativas sobre cómo afectará la accesibilidad y los costos para los usuarios de estas rutas, quienes temen un aumento de tarifas y una posible disminución de la calidad de los servicios. En tanto, el gobierno asegura que la medida busca mejorar la infraestructura vial y optimizar la gestión de las rutas a través de concesiones privadas.
