La Comisión conjunta de Recursos Naturales y Ambiente, y de Legislación General de la Cámara de Diputados de Entre Ríos profundizó el análisis del proyecto de ley de Conservación de la Fauna Silvestre (Expediente N.º 28.521), impulsado por el diputado Juan Manuel Rossi. La iniciativa busca reemplazar la Ley de Caza N.º 4.841, vigente desde 1969, por un marco normativo moderno que priorice la protección de las especies autóctonas y responda a los desafíos ambientales y productivos actuales de la provincia.
El eje central del encuentro fue el impacto de la fauna exótica invasora en los ecosistemas y la producción regional. De la reunión participaron referentes clave del sector, entre ellos Andrea Firpo (delegada por Federal), Juan Diego Etchevehere y Mariano Berisso por la Sociedad Rural Argentina (SRA); Maximiliano Muller, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER); Héctor Bolzán, presidente de la Bolsa de Cereales provincial; y Pablo Guelperín, coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Los invitados coincidieron en la urgencia de contar con estrategias de manejo integradas para mitigar los daños que especies exóticas provocan en los establecimientos rurales. Al respecto, el proyecto propone en sus artículos 32 y 33 la prohibición de estas especies y la creación de planes de control técnico. Los representantes del agro destacaron la importancia de que la ley permita intervenciones planificadas que protejan tanto la biodiversidad como la viabilidad económica de los campos entrerrianos.
Más allá del control de especies invasoras, la propuesta legislativa contempla la creación de un Departamento de Fauna para fortalecer la fiscalización y dispositivos de respuesta rápida para el rescate de animales heridos o recuperados del tráfico ilegal. Asimismo, se fomenta la creación de corredores biológicos y se garantiza el acceso a la información ambiental, alineando a la provincia con los estándares del Acuerdo de Escazú.
Desde la comisión ratificaron que el tratamiento de la norma continuará con nuevas consultas para lograr un consenso integral. Tras más de medio siglo con una legislación desactualizada, Entre Ríos se encamina a sancionar una herramienta jurídica que equilibre la conservación del patrimonio natural con el desarrollo de las comunidades y la sostenibilidad de sus sectores productivos.
