Este miércoles 11 de diciembre, el gobernador Rogelio Frigerio decretó la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), desplazando al directorio obrero que lo administra. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo entre los sindicatos y trabajadores afiliados, quienes exigen la inmediata retirada del gobierno de la administración de su obra social.
Los gremios señalan que esta intervención se suma a una serie de políticas que consideran perjudiciales para los derechos laborales. Denuncian la devaluación de los salarios, que no alcanzan para cubrir la canasta básica, y el pago de montos en negro, lo que, según afirman, desfinancia tanto la obra social como la caja jubilatoria. Además, mencionan la implementación del Fondo Provincial de Infraestructura Docente (FOPID) como otro factor que impacta negativamente en las finanzas del IOSPER.
Los sindicatos también critican el aumento del 3% en los aportes jubilatorios y el proyecto de reforma a la ley jubilatoria impulsado por el gobierno, que consideran un ataque directo a sus derechos. A esto se suma la declaración de la educación como servicio esencial, una medida que, según los trabajadores, busca limitar el uso de los paros como herramienta de lucha sindical.
Frente a este panorama, los afiliados al IOSPER reafirman que la obra social pertenece exclusivamente a los trabajadores activos y jubilados, y demandan una administración democrática e independiente del gobierno. Proponen que los directores sean elegibles, revocables, y rindan cuentas periódicamente a los afiliados, permitiendo una toma de decisiones colectiva y con mandato.
En respuesta a la intervención, los sindicatos llaman a una acción inmediata y coordinada para frenar esta medida. “Es fundamental que el gobierno provincial saque sus manos de nuestra obra social. Somos los trabajadores quienes debemos decidir sobre el futuro del IOSPER”, expresaron en un comunicado conjunto
