La crisis vial que atraviesa Entre Ríos volvió a ponerse en el centro del debate político. En este marco, el diputado provincial oficialista Juan Manuel Rossi presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados de Entre Ríos exhorte al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con la fiscalización obligatoria de pesos y dimensiones de los transportes de carga, tal como lo establece la Ley de Tránsito N° 24.449.
El pedido apunta directamente a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), a la que se le reclama la instalación de balanzas fijas y móviles y operativos de control suficientes para impedir la circulación de camiones con sobrepeso, una de las principales causas del deterioro acelerado del pavimento.
La demanda se alinea con una de las exigencias que deberán cumplir las nuevas concesionarias de las rutas nacionales 12, 14 y 174, pertenecientes al corredor del Mercosur, donde el control de cargas se transformó en un punto clave del pliego.
Rossi advirtió que la situación es alarmante. “Entre Ríos es un corredor logístico estratégico para el país y el Mercosur. El mal estado de las rutas nacionales, agravado por la falta de controles, está afectando la seguridad vial, el desarrollo económico y la competitividad de nuestras economías regionales”, expresó el legislador.
Los datos oficiales profundizan la preocupación: entre 2023 y 2024, Vialidad Nacional relevó 2.018 kilómetros de rutas en la provincia, de los cuales el 43,9% está en mal estado, mientras que apenas el 26,3% presenta condiciones buenas. El tránsito de camiones con exceso de carga genera fisuras, deformaciones y baches, y un 20% de sobrepeso por eje puede reducir a la mitad la vida útil de una ruta.
Para Rossi, la responsabilidad es indelegable: “La ley es clara y la autoridad nacional no puede desentenderse. La ausencia de controles fomenta prácticas evasivas y multiplica el impacto del sobrepeso sobre nuestras rutas”.
A esto se suma el impacto de los recortes presupuestarios y la reducción del personal en la DNV, que según el diputado limita la capacidad operativa para implementar los controles necesarios. “Estamos defendiendo los intereses de los entrerrianos. El deterioro acelerado de las rutas no es solo un problema vial: afecta la seguridad, encarece el transporte, desalienta el turismo y perjudica nuestras economías”, remarcó.
El pedido legislativo pretende presionar para que el Estado nacional y las nuevas concesionarias garanticen un sistema de control efectivo, capaz de frenar el colapso de uno de los corredores logísticos más importantes del país.
