Este pronunciamiento constituye un nuevo avance en el proceso que impulsa el gobierno entrerriano para restituir los derechos económicos y federales establecidos en el acuerdo firmado en 1998 entre la Nación y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Con el dictamen de la Procuración, se despeja el camino para que continúe el trámite ante el máximo tribunal. En el marco de la estrategia procesal, Entre Ríos ya había solicitado la convocatoria a una audiencia de conciliación, cuya realización dependía de esta instancia. Ahora, se aguarda que la Corte fije fecha para dicho encuentro.
Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de este paso: «Es fundamental para que la Corte asuma su competencia y avance en la resolución del conflicto. Estamos reclamando que se cumplan los compromisos asumidos y se restituya lo que le corresponde a Entre Ríos por derecho», señalaron.
El reclamo de Entre Ríos se fundamenta en una serie de resoluciones adoptadas por la Secretaría de Energía de la Nación a partir de 2013, que redujeron unilateralmente el valor de la energía producida en la Represa de Salto Grande. Esta medida afectó los excedentes reparatorios que deben ser distribuidos a las provincias, en abierta violación al pacto vigente.
