Este martes, una noticia que parecía improbable se confirmó: desde el 1º de agosto, los colectivos urbanos dejarán de circular por las calles de la ciudad. Uruguay Bus y Bajo Uruguay, las dos empresas que hasta ahora brindaban el servicio de transporte público, anunciaron la suspensión de sus recorridos debido a la falta de subsidios provinciales que venían recibiendo hasta hace poco.
La decisión impacta directamente a los miles de vecinos que día a día dependen del transporte para trabajar, estudiar o simplemente desplazarse. Según explicó Leonardo Casas, representante de una de las compañías, la caída en la cantidad de pasajeros y la interrupción del aporte estatal han dejado a las empresas sin margen para cubrir los costos operativos.
«No podemos sostener el servicio en estas condiciones», afirmó Casas, subrayando además que, pese a haber intentado comunicarse con las autoridades municipales para encontrar una solución, hasta ahora no han recibido respuesta. Esta falta de diálogo se vuelve aún más preocupante cuando se sabe que el municipio tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a un transporte público eficiente y accesible.
El reloj avanza y, a menos que se produzca una intervención urgente, el servicio que tantos consideran vital cesará en menos de una semana. La ausencia de colectivos no solo representa un problema logístico, sino una amenaza al derecho básico de movilidad, afectando especialmente a quienes no cuentan con alternativas de transporte privado.
Frente a esta crisis, crece la incertidumbre y la preocupación: ¿qué harán los vecinos sin colectivos? ¿Cómo se reorganizarán las actividades cotidianas? La pelota ahora está en la cancha de las autoridades para evitar que la ciudad quede paralizada y los ciudadanos, aislados.
