En medio de una causa judicial que investiga presuntas coimas en la adquisición de medicamentos por parte del Estado, Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), estaría evaluando acogerse a la figura de imputado colaborador, más conocida como «arrepentido», ante la Justicia Federal.
Según fuentes cercanas a la investigación, Spagnuolo habría manifestado temor por su seguridad personal y, antes de entregar sus dispositivos electrónicos, borró comunicaciones mantenidas con el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.
El caso está en manos del fiscal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello, quienes aguardan una posible declaración formal de Spagnuolo, que podría abrir nuevas líneas de investigación en el expediente. En los últimos días, se llevaron a cabo allanamientos en la sede central de ANDIS y en la droguería Suizo Argentina, empresa señalada como partícipe en el circuito de contrataciones bajo sospecha.
Las versiones sobre una eventual confesión por parte del exfuncionario han encendido las alarmas en el entorno presidencial. Spagnuolo habría deslizado que, en caso de declarar, podría involucrar a altos funcionarios del gobierno nacional y revelar detalles sensibles sobre el manejo de fondos públicos.
La causa permanece bajo secreto de sumario, pero se espera que en los próximos días se levante parcialmente esa restricción, lo que permitiría conocer en profundidad la estrategia judicial del exdirector de ANDIS y las potenciales ramificaciones políticas del caso.
Desde el Gobierno no ha habido declaraciones oficiales al respecto, aunque fuentes de la Casa Rosada no ocultan el malestar y la preocupación por la evolución de la causa.
