La Asociación Civil Amigos del Campamento Calá volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que en las últimas horas comenzaran a circular decretos oficiales del Gobierno de Entre Ríos mediante los cuales se le otorgaron millonarios subsidios para solventar actividades culturales desarrolladas fuera del objeto histórico e institucional de la entidad.
La asociación, con domicilio en la localidad de Rocamora, fue creada originalmente con el objetivo de preservar y rescatar la historia del histórico Campamento Calá, uno de los principales puntos estratégicos vinculados al General Justo José de Urquiza en territorio entrerriano. Sin embargo, los fondos otorgados por la Provincia estarían destinados a actividades culturales organizadas en otras ciudades y sin relación aparente con la preservación patrimonial del predio histórico.
Uno de los decretos difundidos corresponde al Decreto N° 3830/25, mediante el cual el Gobierno provincial otorgó un subsidio de $27.500.000 a la Asociación Civil Amigos del Campamento Calá para solventar gastos del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro realizado en la ciudad de Paraná. El documento lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso.
A ese aporte se suma otro decreto oficial, el N° 2804/25, mediante el cual se aprobaron otros $37.500.000 para cubrir gastos de organización de la Feria Provincial del Libro desarrollada en Concordia durante septiembre de 2025.
Ambos subsidios fueron otorgados a nombre del presidente de la asociación, Gastón Carlos Buet, y contemplan rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas provincial.
La documentación oficial además detalla que la Asociación Civil Amigos del Campamento Calá tiene domicilio legal en la localidad de Rocamora, Departamento Concepción del Uruguay, dato que quedó expresamente reflejado en ambos decretos provinciales difundidos públicamente.
La difusión de los documentos generó repercusión en distintos sectores políticos, culturales e históricos de la provincia, especialmente en las localidades de Rocamora y Basavilbaso, donde comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el destino de los recursos públicos y el rol de la asociación civil en este tipo de operatorias.
Según trascendió, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos habría solicitado documentación y rendiciones vinculadas al menos a uno de los subsidios otorgados, situación que incrementó aún más las dudas sobre el manejo administrativo de los fondos.
Incluso, sectores cercanos al propio Campamento Calá aseguraron desconocer el ingreso de semejantes sumas de dinero y remarcaron que no se habrían concretado obras ni mejoras visibles en el predio histórico.
La controversia volvió a instalar el debate sobre el otorgamiento de subsidios provinciales y el uso de asociaciones civiles como intermediarias para canalizar recursos destinados a actividades culturales organizadas por el Estado provincial.
La publicación y difusión del tema fue atribuida a “Vecinos Unidos por una Entre Ríos sin Corrupción”.
