La sesión del Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay estuvo marcada por un intenso intercambio político luego de que la concejal Karina Percara utilizara su banca para referirse a una denuncia que presentó ante la Justicia tras un episodio ocurrido durante un acto vinculado al IAPV realizado en mayo.

La edil sostuvo que atravesó una situación de amedrentamiento por parte del intendente José Eduardo Lauritto mientras mantenía una conversación con funcionarios provinciales y señaló que decidió exponer públicamente el hecho por considerar que afecta el normal ejercicio de su función como concejal.

Percara afirmó que la denuncia fue presentada en Fiscalía y defendió el rol de control de gestión que ejerce como integrante del cuerpo legislativo.

Tras su intervención, el concejal Juan Martín Garay tomó la palabra para realizar una aclaración respecto de la fecha del acto mencionado. Señaló que la actividad se realizó el 20 de mayo y no el 14 de mayo, como se había mencionado previamente.

Durante su exposición, Garay también reveló que presentó una denuncia judicial propia contra un funcionario de ENERSA por un presunto hecho de amenazas. Indicó que la causa fue caratulada por Fiscalía como «amenazas agravadas por discriminación» y lamentó no haber recibido expresiones de solidaridad dentro del cuerpo deliberativo.

Posteriormente, la concejal Gabriela Rodríguez manifestó públicamente su solidaridad con Garay por esa situación.

Las intervenciones más duras llegaron por parte de los concejales Pablo Presas y María Isabel Sola, quienes cuestionaron que el planteo realizado por Percara se vinculara con la consigna de Ni Una Menos.

Presas sostuvo que se estaba utilizando políticamente una problemática muy sensible y calificó esa actitud como una «bajeza impresionante». Además, afirmó que la Justicia ya se había expedido sobre la denuncia mencionada por la concejal.

Por su parte, Sola rechazó que una discusión política pueda ser equiparada a situaciones de violencia de género y criticó lo que definió como una utilización de la temática para obtener rédito político.

La edil llegó a calificar la situación como un caso de «política barata» y cuestionó además la ausencia de algunos concejales en sesiones anteriores como forma de manifestación.

Sobre el cierre del debate, Percara volvió a tomar la palabra para rechazar las afirmaciones realizadas por Presas y sostuvo que la denuncia fue desestimada sin toma de testimonios, motivo por el cual solicitó la revisión de la resolución judicial.

El intercambio dejó expuestas profundas diferencias políticas dentro del Concejo Deliberante y trasladó al recinto una discusión que combina denuncias, actuaciones judiciales y fuertes cuestionamientos entre representantes de distintos bloques.