La difusión de un reciente informe elaborado por el Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) volvió a colocar en el centro de la escena una de las controversias ambientales más importantes de la historia reciente de Entre Ríos: el impacto de la planta de celulosa instalada en Fray Bentos, Uruguay.

Según los datos difundidos, durante los últimos meses de 2023 se registraron episodios de toxicidad sobre ejemplares de Daphnia magna, un organismo utilizado internacionalmente como bioindicador para evaluar la calidad del agua.

De acuerdo con especialistas que integran el organismo binacional, los análisis realizados permitieron determinar que el efluente proveniente de la planta tuvo incidencia directa sobre esos resultados. La información fue interpretada por distintos sectores como una nueva evidencia dentro de un debate que lleva más de dos décadas.

Un reclamo que marcó a toda una generación

La controversia por la instalación de la entonces Botnia —hoy UPM— movilizó durante años a miles de vecinos de Gualeguaychú y se convirtió en una de las principales causas ambientales del país.

Las protestas, los cortes del puente internacional General San Martín y las acciones impulsadas por la Asamblea Ciudadana Ambiental lograron instalar el tema a nivel nacional e internacional, generando incluso un litigio entre Argentina y Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Durante aquellos años, el entonces gobernador Jorge Busti sostuvo reiteradamente que la planta generaba contaminación y que existían pruebas que respaldaban esa postura. Con el paso del tiempo, distintos estudios científicos y monitoreos binacionales continuaron alimentando la discusión.

Antecedentes de los informes ambientales

No es la primera vez que organismos oficiales detectan observaciones sobre la calidad ambiental en la zona de influencia de la planta.

En 2016, un estudio binacional había señalado apartamientos respecto de parámetros vinculados a hierro, aceites, grasas, fenoles y determinados metales, además de advertir situaciones de deterioro ambiental en sectores cercanos a la desembocadura del río Gualeguaychú.

Ahora, el nuevo informe conocido a través de la CARU vuelve a generar repercusiones debido a la detección de episodios de toxicidad en organismos utilizados como referencia científica para medir el impacto ambiental de distintos efluentes.

El fallo de La Haya

La disputa llegó a su punto más alto cuando Argentina llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia.

Si bien el tribunal no ordenó el traslado ni el cierre de la planta, sí concluyó que Uruguay incumplió procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 al avanzar unilateralmente con la autorización del emprendimiento sin cumplir plenamente los mecanismos de consulta previstos entre ambos países.

Ese aspecto fue considerado por diversos actores políticos y ambientales como un reconocimiento a parte de los argumentos sostenidos por Argentina durante el litigio internacional.

La defensa de los recursos naturales

Más allá de los aspectos judiciales y técnicos, el conflicto por Botnia dejó una profunda huella en la sociedad entrerriana.

La movilización social generó una fuerte conciencia ambiental que trascendió el caso puntual de la planta de celulosa y consolidó la defensa de los recursos naturales como una de las banderas más significativas de la provincia.

En ese contexto, referentes políticos y ambientales destacan que la principal herencia de aquella lucha fue la instalación de una mirada más comprometida respecto al cuidado de los ríos, los ecosistemas y el impacto de los grandes emprendimientos industriales sobre el ambiente.

La difusión de este nuevo informe vuelve a abrir el debate sobre la protección del río Uruguay y el control ambiental de una actividad que continúa siendo observada con atención por organismos técnicos, autoridades y vecinos de ambas orillas.

Fuente: Claudio Ava Aispuru, ex presidente del Frente Entrerriano Federal.