La Jefatura de Policía de Entre Ríos resolvió este 22 de junio pasar a disponibilidad preventiva a un comisario inspector y a dos suboficiales, tras detectarse presuntas irregularidades en la administración del servicio de policía adicional, un sistema mediante el cual los efectivos prestan servicios extraordinarios para entidades públicas y privadas.
La medida, de carácter precautorio, fue dispuesta conforme al artículo 209 del Reglamento General de Policía (Ley 5654/75) y tiene como objetivo asegurar una investigación interna transparente. En paralelo, la Dirección General de Asuntos Internos ordenó la apertura de un sumario administrativo contra los involucrados.
Los tres efectivos —un jefe con rango de comisario inspector, una sargento ayudante y una oficial subinspectora— están acusados de haber participado en maniobras incompatibles con las normas internas del sistema adicional, presuntamente vinculadas al uso indebido de recursos y beneficios personales en el marco de ese servicio.
Las sospechas apuntan a transgresiones múltiples al reglamento disciplinario policial, algunas de ellas con agravantes, lo que podría derivar en sanciones severas si se comprueban los hechos.
Desde la fuerza indicaron que se respetarán las garantías del debido proceso y el derecho a defensa, mientras que la disponibilidad permite asegurar que los implicados no interfieran con la investigación ni con la recolección de pruebas clave.
Este caso vuelve a encender alertas sobre los controles internos en áreas sensibles como los servicios adicionales, y refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.
El hecho
Una investigación interna activó las alarmas dentro de la Policía de Entre Ríos y culminó con la separación preventiva de tres efectivos, entre ellos un comisario inspector y dos suboficiales, a raíz de presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con el cobro de servicios adicionales.
El caso se originó tras una denuncia interna presentada por una agente del área de Asuntos Internos, quien detectó inconsistencias llamativas en los registros de prestación de servicios. Entre las irregularidades más graves, se constató que:
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Algunos efectivos figuraban realizando tareas de custodia de transportes blindados sin portar el armamento reglamentario.
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Una funcionaria aparecía simultáneamente asignada a dos lugares distintos, tanto en su puesto administrativo como en un servicio de seguridad externa.
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Se registraron jornadas laborales de hasta 24 horas diarias durante varios días consecutivos, algo que resulta operativo y físicamente inviable.
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En ciertos casos, los ingresos por servicios adicionales superaban los dos millones de pesos, lo que generó sospechas sobre el sistema de control.
Según fuentes vinculadas a la investigación, las maniobras habrían comenzado a inicios de este año, aunque se analiza si se trata de una práctica más extendida en el tiempo.
(Uruguayenses)
