El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini podría estar la semana que viene de licencia cuando en la causa Vialidad se deba definir la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner y el resto de los condenados.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que en principio Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles. Sin embargo, agregaron que Gorini intenta reprogramar la actividad para cambiar de fecha la licencia.
Si finalmente se concreta quien quedará a cargo es Rodrigo Giménez Uriburu, también juez del mismo tribunal oral. Los tribunales orales tienen tres jueces. En este caso son solo dos porque el tercer lugar está vacante, que siempre se cubre con un suplente. Para el caso Vialidad es Andrés Basso.
Giménez Uriburu es uno de los jueces apuntados tiempo atrás por Cristina Kirchner por integrar el equipo de fútbol Liverpool, que integran otros magistrados y participó de un campeonato en la quinta del ex presidente Mauricio Macri.
En los casos de ejecuciones de sentencias las decisiones son de un solo juez. En este caso es Gorini pero ante su posible ausencia quien lo reemplazará es Giménez Uriburu. Más allá de eso, las fuentes señalan que por la trascendencia del caso de Vialidad aunque firme un solo juez la decisión es consentida por todo el tribunal.
La eventual ausencia del juez se dará la semana en la que Cristina Kirchner y el resto de los acusados tienen que presentarse en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenidos. El tribunal les dio un plazo de cinco días hábiles que vence el próximo miércoles. Además, respecto de la ex presidenta se tiene que resolver el pedido de prisión domiciliaria.
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados que también reclamaron que a Cristina Kirchner no se le coloque una tobillera electrónica.
El tribunal oral comenzó a hacer el trámite para resolver ese pedido y le pidió opinión a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola antes de resolver. Pero también le requirió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente una lista de posibles lugares de detención para los condenados.
“Requiérase al Ministerio de Seguridad Nacional que en el término de 24 horas procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas. Hágase saber que, para determinar el lugar de detención, se deberá atender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas», le solicitó para Cristina Kirchner y el resto de los condenados.
Para cada uno de ellos la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
El gobierno ya contestó ese planteo. La información llegó el miércoles a la tarde al Tribunal Oral Federal 2 ″en un sobre cerrado «y, por la “confidencialidad” del asunto, se guardó en una caja fuerte sin que las partes del caso puedan por el momento tener acceso.
