El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial denuncia públicamente y lo comunica a URUGUAYENSES y no deja pasar la situación de que “A partir de noviembre 2023 la estafa vial continuará en manos de la empresa “estatal” Corredores Viales S. A. que hoy contemplan en la empresa Caminos del Río Uruguay (concesionaria peaje en puente Zárate) “el CORREDOR VIAL N° 18 (Rutas Nacionales 12 y 14) y PUENTE ROSARIO VICTORIA (Ruta Nacional 174)”

A TAL EFECTO, LOS USUARIOS VIALES Y LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y PERSONAL SUPERIOR DE VIALIDAD NACIONAL RECHAZAN LA DECISIÓN INSENSATA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN Y SOLICITAN QUE LA CONCESIÓN VIAL VUELVA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), LIBRE DE PEAJE, Y SE AUDITE LA POLÉMICA GESTIÓN PRIVADA.

Asimismo, se solicitará a través de quién corresponda, la urgente convocatoria a una Audiencia Pública “vinculante”, de manera de poder debatir seriamente el tema en cuestión, haciendo extensivo el requerimiento a legisladores nacionales y provinciales de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, como así también a los respectivos Gobernadores, Intendentes y Concejales.

La concesión del Corredor Vial N° 18, Rutas Nacionales 12 y 14, llevada a cabo en el año 1990, incorporando posteriormente el Puente Rosario – Victoria y Ruta Nacional 174, es una estafa vial que lamentablemente seguirá vigente a partir de noviembre próximo, dando continuidad a los serios perjuicios económicos y sociales para los usuarios viales y toda la comunidad.

El 31 de octubre de 2023 vence el actual contrato de concesión con la Empresa Caminos del Río Uruguay S. A. y los corredores viales en cuestión quedarán a cargo de la Empresa “estatal” Corredores Viales S. A. quien seguirá esquilmando a los usuarios viales a través del falso peaje o impuesto al tránsito que se cobra desde los años 90.

La red vial es de dominio público y no propiedad de un Presidente, Gobernador o Funcionario Público. Sin embargo, lamentablemente, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que conduce el Dr. Gabriel Katopodis,  a espalda de los usuarios viales directos e indirectos, con una actitud claramente irresponsable, autoritaria y antidemocrática, sin existir Marco Regulatorio – Ente Regulador y sin convocar por lo menos a una Audiencia Pública “VINCULANTE”, ha decidido tomar la errónea decisión de continuar con el mismo esquema de “falso peaje” a través de la innecesaria, costosa, burocrática y deficitaria empresa Corredores Viales S. A., que actuando indebidamente en forma paralela a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), sólo se limitará al cobro del falso peaje. 

Efectivamente una medida claramente recaudatoria y para seguir haciendo caja política a través de cada una de las estaciones de peaje existentes.

Es sí que se dará la continuidad a un régimen perverso de “falso peaje o impuesto al tránsito”, claramente inconstitucional, injusto, inviable desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, que actúa como un nuevo costo o cargo económico, y que además ha demostrado ser un fracaso.

A tal efecto, el CONADUV y la AP, rechazan categóricamente la decisión tomada por el Ministro Dr. Gabriel Katopodis, y que lamentablemente es avalada por el Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Sr. Gustavo Arrieta.

ES MUY IMPORORTANTE SEÑALAR QUE NO ES CIERTO QUE CORREDORES VIALES S. A. SEA UNA EMPRESA ESTATAL; ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA QUE MANEJA CAPITALES PÚBLICOS. TANTO ES ASÍ, QUE NO SE RIGE POR LEY DE OBRAS PÚBLICAS, NI TIENE LOS CONTROLES QUE DEBE TENER CUALQUIER ORGANISMO ESTATAL.

La conservación y mantenimiento de la concesión en cuestión debe ser realizada por la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), libre de peaje. Incluso deben replantearse las concesiones por peaje que son deficitarias, buscando otro sistema de gestión que sea menos oneroso y más equitativo.”

 “Las rutas sin el cobro del falso peaje, mejorarán la competitividad regional y darán mayor posibilidad para exportar. Sin empresas estatales o privadas como concesionarias, se logrará terminar con las cajas políticas y los negociados con la obra pública que benefician a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder”. 

“La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debe ser rejerarquizada y volver a ser el Organismo Rector de toda la política vial”.