El reclamo, que tomó fuerza en los últimos días, apunta a replicar en la ciudad el modelo implementado en Gualeguaychú, donde la Agencia de Seguridad y el sistema judicial trabajan de forma articulada para endurecer las penas contra la conducción temeraria y los ruidos excesivos. En esa ciudad, según informó el titular del área, Esteban Izaguirre, ya se han retenido 154 caños de escape adulterados, que serán destruidos en los próximos días como parte de un plan integral de control.
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En barrios como La Salamanca, los vecinos denuncian que entre jueves y sábado por la noche, las motos se reúnen para realizar “picadas” que no solo rompen con la tranquilidad, sino que también ponen en riesgo la seguridad vial. “Ya no podemos dormir tranquilos. Es algo sistemático y nadie da respuestas”, expresaron varios frentistas.
Falta de coordinación y sanciones poco efectivas
Uno de los principales cuestionamientos que hacen los vecinos es la falta de una política integral que articule a la justicia, las fuerzas de seguridad y el área de tránsito. Advierten que las sanciones actuales no son suficientes y que los operativos no logran tener un efecto disuasivo.
Desde el Juzgado de Faltas local se reconoció que sí se están secuestrando motos, pero que no hay un espacio adecuado para su almacenamiento, lo cual dificulta la continuidad de las acciones. Además, el juez de faltas consideró que es necesario aplicar sanciones más severas que justifiquen estos secuestros y avanzar hacia la compactación de los vehículos retenidos, tal como se hace en otras localidades.
Propuestas concretas: más control, sanciones duras y digitalización
Frente a este escenario, los vecinos plantean que se tomen medidas similares a las de Gualeguaychú, donde los responsables de ruidos molestos o conducción temeraria enfrentan imputaciones penales e inhabilitaciones prolongadas para conducir. Consideran que este tipo de acciones podrían tener un impacto real en los infractores.
Además, se propuso implementar un sistema de notificación digital, que permita acelerar los procesos administrativos y garantizar que los infractores sean debidamente informados. Esto permitiría reducir los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia del sistema de sanciones.
Una problemática que pide respuestas urgentes
Lo que comenzó como una molestia ocasional se ha convertido en un problema cotidiano para muchas familias. Los ruidos provocados por caños de escape modificados, sumados a la peligrosidad de las picadas ilegales, generan un clima de tensión e impotencia en varios barrios.
Los vecinos insisten: quieren soluciones concretas, no promesas. Y piden que las autoridades locales tomen nota de lo que ya se está haciendo con éxito en otras ciudades.
Fuente: «La Piramide«
