El Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresó hoy ante el Superior Tribunal de Justicia su preocupación por la inactividad por parte de fiscales y maltrato hacia letrados que accionan por la defensa de los derechos de los animales.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina, recibió hoy a integrantes del Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
En la oportunidad, la directora del Instituto, Dra. Juliana Estefanía Darrigo, junto a la Dra. Cecilia Domínguez (Conciencia Animal) y el Dr. Fernando Di Benedetto (Mi reino por un Caballo) , plantearon la necesidad de que el Ministerio Público Fiscal fije una política criminal en defensa y cumplimiento a la Ley nacional 14.346 del Derecho y Protección a los animales. La norma establece penas para quienes maltraten o cometieran actos de crueldad contra los animales.
Durante el encuentro, los profesionales recordaron los consignado en el pedido de audiencia a la presidenta del STJ, expresando que “ en ejercicio de la profesión, hemos efectuado, en forma previa, numerosas denuncias ante los Señores Fiscales, exponiendo graves casos de violaciones a la precitada norma, acaecidos en distintos puntos geográficos de nuestra provincia, en donde se ha evidenciado un claro comprometimiento no solo de los Derechos Básicos Universales de los Animales No Humanos, sino también de la paz y seguridad ciudadana.
Conforme lo expresado ut supra y, como es de su conocimiento en su calidad de Presidenta de nuestro máximo Tribunal, de todas las denuncias que se han realizado a lo largo de estos años bajo la temática de maltrato animal encuadradas bajo la violación a la Ley 14.346, ninguna de ellas ha prosperado en cuanto a la continuidad de la investigación y/o realización de un posterior juicio.
Es por lo tanto que vislumbramos la ausencia de interés que evidencien un cambio de paradigma tal como se viene desarrollando a lo largo y ancho de toda la República Argentina, en lo que respecta a las causas de maltrato y crueldad animal”.
En la reunión expresaron, hay fiscales que maltratan o ni siquiera atienden el teléfono a las y a los profesionales de la Abogacía que presentan denuncias penales contra personas que maltratan animales. En ese sentido, detallaron que hay fiscales que no tienen voluntad de investigar los hechos de violencia contra los animales. A su parecer, quienes están al frente de las causas penales no atienden el reclamo social de que se respete el derecho de los animales.
A modo de ejemplo citaron la denuncia penal realizada el 19 de octubre de 2022, referida a la caza de búfalos en la zona rural de Gualeguaychú; en la que aún, según expresaron, no hubo proveído de la prueba peticionada por la parte querellante.
También, hicieron mención al legajo 209.466 – G.C.S. – por infracción a la ley 14.346.
Destacaron el accionar de juezas y jueces de la provincia que han actuado en las causas vinculadas a la protección de los derechos de los animales, a quienes se los ha declarado como ‘Sujeto de Derecho’”.
Por su parte, Susana Medina aseguró que las juezas y jueces de Entre Ríos tienen conciencia y hacen respetar la Ley de protección animal . También puso a disposición el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi” para realizar actividades conjuntas para concientizar, sensibilizar e informar respecto a la adhesión de Entre Ríos a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, a través de la Ley 10.547, promulgada el 13 de diciembre de 2017, adhirió a la Declaración Universal de los Derechos del Animal proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Antecedentes en la Justicia provincial
En 2018, la jueza de Garantías Nº 6 de Paraná, Elisa Zilli, declaró al animal como ‘Sujeto de Derecho’”.
El 22 de marzo de 2022, el Juez de Garantías y Transición del Juzgado N° 4, de Concordia, Germán Dri, dispuso el reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derecho y víctimas del ilícito penal.
