El Consejo General de Educación (CGE) ha iniciado sumarios administrativos a dos supervisores del departamento Victoria, Flavia Affranchino y Pedro Miguel Gutiérrez, por no haber cumplido con su deber de supervisar y sancionar a los directivos que no informaron la adhesión de los docentes al paro. Este proceso involucra el período de huelgas de septiembre y octubre de 2024, durante el cual los directivos no cargaron correctamente las ausencias en el sistema SAGE, ni informaron la apertura de las instituciones educativas en los días de paro.

De acuerdo con la resolución Nº 555 del 21 de febrero de 2025, el CGE les imputa el incumplimiento de sus deberes como supervisores, señalando que no aplicaron sanciones ante las faltas de los directivos. El CGE afirma que se debió haber iniciado un sumario administrativo o aplicado sanciones leves a los responsables por no cumplir con las directivas del organismo.

Pedro Miguel Gutiérrez, uno de los supervisores investigados y exsecretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), se expresó en contra de la medida: “Nos inician sumario por no haber presionado a los equipos directivos para que informaran quién se adhirió al paro. Esto es una actitud persecutoria”, señaló. Además, Gutiérrez destacó que la investigación afecta el derecho constitucional de los trabajadores a realizar huelga, al mismo tiempo que cuestionó la presión que se quiere ejercer sobre los supervisores para obligar a los directivos a cargar la información.

El marco normativo detrás de la medida

La normativa que sustenta los descuentos salariales por días de paro se remonta a 2007, con la directiva Nº 30 emitida por el exgobernador Jorge Busti. En ella, se establecía que los servicios administrativos solo debían abonar los días efectivamente trabajados por los empleados del Estado. Esta medida fue ratificada en 2008 por la administración de Sergio Urribarri.

Posteriormente, el CGE emitió la resolución Nº 2.565 en 2008, que estableció el manual de funciones para rectores y directivos, imponiéndoles la obligación de informar sobre las ausencias de los docentes durante las huelgas. En 2016, la resolución Nº 2.566 amplió esta responsabilidad, incorporando el control y la carga de asistencia de los docentes en el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE).