El gobierno nacional encabezado por Javier Milei acaba de vetar las iniciativas que había aprobado el Congreso en las que se actualizaban haberes previsionales, se extendía la moratoria y se declaraba la emergencia en materia de discapacidad. Lo hizo a través del decreto 534 y mediante un comunicado oficial se justificó la decisión con el remanido argumento de que “atentan contra el equilibrio fiscal”.
Como en todos los vetos anteriores del presidente Milei —que además ya supera, con creces, a los vetos registrados en los períodos presidenciales tanto de Mauricio Macri como de Cristina Fernández— el aspecto común de las leyes vetadas, de todas ellas, es que procuran paliar, morigerar, alivianar la creciente exclusión que sufren importantes sectores de nuestra comunidad. Adviértase que digo “paliar”, muy lejos están dichas leyes de eliminarla por completo.
Venimos marcando desde inicios de 2024 que esto va mal porque está mal desde el inicio: el ajuste en búsqueda del superávit fiscal no puede convertirse en una estabilidad excluyente. La analogía ha sido reiterada hasta el cansancio, pero al parecer es necesario insistir: ¿sería admisible, ética, humana y solidariamente, que una familia buscara su propio “equilibrio fiscal” (es decir, no gastar más de lo que ingresa) sacrificando a sus adultos mayores, dejando de atenderlos, de comprarles remedios o de alimentarlos? ¿El equilibrio fiscal puede justificar “matar al abuelito”, como el título de aquella comedia tan recordada? El mismo caso vale para las personas con discapacidad. ¿Qué clase de familia suspendería la atención de su familiar con discapacidad para lograr “reducir gastos”? Más aún: ¿qué clase de ética subyace en quien considera la atención a la discapacidad como un “gasto”?
La sociedad argentina entendió que en el Estado no puede gastarse más de lo que ingresa. Ese principio, que no es de izquierda ni de derecha, que no es liberal ni populista, que es un simple criterio de administración, no puede sin embargo llevarse adelante en base al sacrificio de quienes laboraron toda una vida y hoy merecen respeto y reconocimiento; ni mucho menos sobre el martirio de las personas con discapacidad, ese colectivo social que durante tanto tiempo fue uno de los grupos más vulnerados en sus derechos.
En Entre Ríos, la sabia Constitución provincial que ordena nuestra vida social establece en su artículo 35 que “el equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos”. Ese artículo lo propuso nada menos que el tres veces gobernador Jorge Pedro Busti. Por ello insisto: no es un concepto ideológico, es una idea sana de administración. Pero ¿dónde deben realizarse los ajustes o reducciones que lo posibiliten?
¿En los sectores más vulnerables, como lo son los adultos mayores y las personas con discapacidad? Es una lógica absurda, propia de personas que carecen de empatía o de humanismo negarle a los jubilados una mínima recomposición salarial (que no llegaba al 8 por ciento en la norma aprobada), o a las personas con discapacidad, ya desatendida por las decisiones de este gobierno nacional, y en cambio asegurarles mayores índices de rentabilidad a sectores que ya se encuentran en una posición muy ventajosa, como los anuncios realizados por el Presidente para favorecer a los grupos concentrados del campo.
¿Decimos “no” a los jubilados pero sí a las retenciones? ¿No es una triste paradoja?
Como lo dijimos antes, a la luz del respeto a las personas y a sus derechos, es inadmisible que, una vez más con este Gobierno, el hilo se corte por lo más delgado. Es una receta harto probada buscar el déficit fiscal pagando jubilaciones miserables o quitándoles beneficios a las personas más vulnerables como lo son las personas con discapacidad.
Si el Gobierno quiere recortar gastos es en otro lado donde debe hacerlo: en las cargas impositivas que les redujo a quienes más tienen, en especial en productos suntuarios (donde por ejemplo, redujo a la mitad el impuesto a los autos de lujo); en los miles de millones que reasignó el Presidente Milei para tareas de inteligencia; en la injustificable y astronómica deuda que ha contraído en las absurdas compras de armas que viene realizando para vaya uno a saber qué guerra delirante que tiene en mente… Y pretende que a esas iniquidades las paguen los más débiles, los más postergados siempre: nuestros jubilados y nuestras personas con discapacidad.
Nosotros en cambio creemos que nuestro hermoso país tiene todo lo que necesitamos para ser merecedores de una vida diferente, donde se privilegie la producción y el trabajo, donde quienes tienen toda una trayectoria de trabajo deben tener un pasar digno en su jubilación, donde la salud y la educación públicas deben ser los pilares del progreso social, donde las personas con discapacidad puedan convivir sin barreras ni indiferencia de parte de las autoridades públicas; debemos ir hacia un diálogo que rompa fronteras partidarias, que salte por sobre las artificiales grietas que nos han dividido, y apueste a fortalecer un acuerdo social y político que privilegie a los más infelices, a los más castigados.
Tenemos la obligación ética y la responsabilidad de ser constructores de una esperanza que dé futuro a toda nuestra comunidad, sin exclusiones ni privilegios. Un supuesto equilibrio fiscal, una supuesta estabilidad que se basan en la exclusión de muchos y el privilegio de unos pocos, no constituyen equilibrio ni estabilidad: se llaman injusticia, exclusión, desequilibrio social.
Martín Oliva
Senador provincial
