El equipo interventor del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper) ha dado de baja 111 contratos en el organismo tras realizar un exhaustivo relevamiento que detectó «numerosas y graves irregularidades», como la presencia de personal que no asistía ni cumplía con sus tareas, e incluso el caso de una persona que no reside en el país, según informaron.

Durante la intervención, se llevaron a cabo auditorías económicas y financieras para determinar deudas, y también se realizó un relevamiento de los recursos humanos con el fin de identificar las funciones de empleados y contratados, así como corroborar su asistencia al trabajo. Como resultado, se identificó a un número considerable de personas contratadas que no tenían tareas asignadas ni acudían a sus puestos laborales.

En ejercicio de sus facultades y su poder de administración, la intervención resolvió dar de baja a 111 contratados, terminando sus vínculos laborales a partir del 28 de febrero.

La situación es aún más grave

«La situación en Iosper es mucho peor de lo que habíamos anticipado. Solo conocíamos la punta del iceberg. Ahora, después de dos meses de intervención y un relevamiento detallado, hemos descubierto un número considerable de personas contratadas que no prestaban ningún servicio ni cumplían con tareas asignadas. También encontramos casos de inasistencias injustificadas y empleados que ni siquiera se presentaban en sus lugares de trabajo», señalaron desde el equipo interventor.

Además, se identificaron ingresos que responden a favores políticos, y un caso que ilustra la magnitud de este escándalo: un contratado que ni siquiera reside en el país.

Preocupación del gremio

Este viernes, el Sindicato de Empleados de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos (SEOSPER) presentó un pedido formal de aclaración ante el interventor de Iosper, Mariano Gallegos, respecto a las notificaciones de finalización de la relación laboral enviadas a los trabajadores del organismo.

El gremio destacó que los mensajes fueron enviados en horario nocturno, a través de un correo electrónico proveniente de una casilla sin identificación de la autoridad remitente, y sin hacer referencia alguna a la norma en la que se fundamenta la decisión.

Ante esta situación, SEOSPER formalizó su reclamo mediante una nota, fechada el 28 de febrero, firmada por su Secretario General, Horacio Rodríguez.

Solicitudes de precisiones

En el documento, el sindicato solicitó “la vista del expediente en el cual se encuentre plasmado el acto administrativo” que dispuso las cesantías y pidió aclaraciones sobre el sustento normativo de la medida.

Asimismo, el gremio requirió que, en caso de no existir un marco legal que avale las cesantías, «se inicie una sumaria información para deslindar responsabilidades».

SEOSPER expresó su preocupación por «la noticia intempestiva de un correo electrónico sin remitente, enviado en horario nocturno a nuestros compañeros». En este sentido, el sindicato indicó: «Solicitamos que el señor interventor y su equipo nos brinden las aclaraciones correspondientes, y estamos analizando, junto con el equipo jurídico del gremio, los pasos a seguir».