Un conflicto judicial por terrenos de la sucesión de Fanny Stella Tavella de Rosende sumó un nuevo capítulo en Concepción del Uruguay. La Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la suspensión de las actuaciones vinculadas a una subasta pública que comprendió un inmueble de más de 15 hectáreas y dispuso que se revise la documentación para determinar con precisión cuáles son las tierras involucradas.

Los cuestionamientos fueron planteados por el abogado Carlos Hartwig, quien advirtió sobre posibles diferencias entre la superficie consignada en el remate y los antecedentes catastrales y registrales de los terrenos.

La controversia incluye antiguas transferencias de propiedades, posibles parcelas que ya habían sido vendidas, trazados de calles, la avenida Tavella y sectores relacionados con los accesos a Banco Pelay.

Siete transferencias y dudas sobre la superficie subastada

Entre los antecedentes señalados por Hartwig aparecen siete transferencias realizadas entre 1985 y 1992, entre ellas una operación vinculada a APINTA.

Según los planteos del abogado, esas operaciones habrían reducido la superficie que permanecía dentro de la sucesión a aproximadamente 151.000 metros cuadrados. Sin embargo, cuestionó que para avanzar con la subasta se habrían utilizado las dimensiones de un plano original, sin contemplar debidamente las modificaciones posteriores.

De confirmarse esas diferencias, el procedimiento podría haber comprendido terrenos que ya habían sido transferidos a terceros, además de sectores vinculados con espacios públicos y accesos a Banco Pelay.

Uno de los puntos más sensibles está relacionado con las tierras donde se construyeron los accesos al balneario. Hartwig sostiene que la situación de esos terrenos no habría sido regularizada mediante una expropiación formal.

Cuestionamientos a las notificaciones y al procedimiento

Otro de los aspectos planteados por el abogado está relacionado con las notificaciones realizadas durante el expediente. Hartwig cuestionó que se habría utilizado un domicilio que no correspondería con el que figuraba en la documentación de la sucesión, donde constaría una dirección en la ciudad de La Plata.

También puso en discusión la magnitud de la ejecución judicial y sostuvo que la venta de uno solo de los lotes habría sido suficiente para cubrir la deuda reclamada, sin necesidad de avanzar sobre la totalidad del inmueble.

En sus planteos, Hartwig también mencionó la intervención del abogado Jorge Luis Satto como representante de la parte ausente y pidió que se analicen las circunstancias de esa actuación, teniendo en cuenta el presunto vínculo con el área jurídica municipal.

Estos señalamientos forman parte de los cuestionamientos formulados por Hartwig y no deben interpretarse como responsabilidades comprobadas.

Un fideicomiso y la comercialización de lotes

Hartwig también planteó interrogantes sobre la constitución de un fideicomiso y la posterior comercialización de terrenos. Según su exposición, se habrían impulsado operaciones y acciones contra ocupantes mientras todavía existían controversias sobre la titularidad y la posesión de los inmuebles.

El abogado advirtió sobre las posibles consecuencias para terceros que adquirieron u ocupan lotes si finalmente se determina que las superficies incluidas en el remate no podían ser transferidas en las condiciones en que se realizó la operación.

Además, reclamó que se analicen otros aspectos vinculados con el origen de los fondos utilizados para adquirir la deuda que dio lugar al proceso de apremio.

La Cámara confirmó la suspensión de la subasta

Ante las diferencias planteadas entre los antecedentes dominiales y catastrales, el juez de primera instancia Enrique A. Gorostegui había dispuesto suspender las actuaciones y otorgar un plazo para que las partes, el martillero y el comprador formularan sus explicaciones.

La decisión fue apelada por la parte actora y por Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la suspensión.

Entre los aspectos que deben aclararse se encuentra la necesidad de contar con los planos de mensura, división y loteo anteriores, además de informes técnicos que permitan establecer cuáles son las partidas inmobiliarias involucradas y determinar sus límites.

De esta manera, permanecen suspendidos los pasos vinculados con la inscripción y la entrega de la posesión definitiva hasta que se esclarezca la situación registral de los terrenos.

Un conflicto que puede tener consecuencias para la ciudad

La controversia excede el expediente judicial. La posible inclusión de terrenos previamente transferidos, calles y sectores relacionados con los accesos a Banco Pelay abre interrogantes sobre la situación dominial de espacios de importancia para la comunidad.

Por el momento, la decisión judicial confirma la suspensión de las actuaciones y exige documentación técnica para determinar qué fue efectivamente subastado. No implica todavía la anulación definitiva del remate ni establece que los cuestionamientos formulados hayan sido comprobados.

La definición dependerá de los planos, antecedentes registrales y peritajes que se incorporen al expediente. Mientras tanto, el caso mantiene en discusión la situación de más de 15 hectáreas y de sectores vinculados con el patrimonio urbano de Concepción del Uruguay.

(Uruguayenses.com)