El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento de los impuestos que gravan a los combustibles, una medida que podría reflejarse en los surtidores a partir de este 1 de agosto, aunque el impacto final dependerá de la decisión que adopten las empresas petroleras.

La medida fue oficializada este viernes mediante el Decreto 693/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece una actualización parcial tanto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos como del Impuesto al Dióxido de Carbono.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo resolvió volver a postergar la aplicación del resto de los aumentos acumulados correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

Cómo quedan los impuestos

Para las naftas sin plomo incluyendo las de hasta 92 RON y las de mayor octanaje, además de la nafta virgen el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos aumentará $10,572 por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementará $0,648 por litro.

En el caso del gasoil, el aumento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos será de $9,511 por litro, al que se suma una actualización de $1,084 por litro correspondiente al impuesto ambiental.

Para las regiones alcanzadas por un régimen diferencial como Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Patagones y Malargüe el incremento previsto para el gasoil será de $5,150 por litro.

En términos generales, la carga tributaria aumentará $11,22 por litro en las naftas y $10,595 por litro en el gasoil, aunque eso no implica automáticamente un incremento equivalente en el precio final al consumidor.

El precio en los surtidores dependerá de las petroleras

Si bien el decreto incrementa la carga impositiva, el valor que pagarán los automovilistas dependerá de la política comercial que adopten las empresas refinadoras y expendedoras.

Además, el Gobierno mantiene la práctica de aplicar solo una parte de las actualizaciones pendientes para reducir el impacto inflacionario.

Podría haber otra suba en septiembre

Los impuestos a los combustibles se actualizan de manera trimestral en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Sin embargo, desde hace varios meses el Poder Ejecutivo viene postergando parte de esos incrementos para evitar un traslado pleno a los precios.

El decreto establece que el resto de las actualizaciones pendientes debería comenzar a regir desde el 1 de septiembre, aunque no se descarta que el Gobierno vuelva a diferir su aplicación, como ya ocurrió en oportunidades anteriores.

De concretarse una nueva actualización, el aumento podría volver a impactar sobre los costos del transporte, la logística y, en consecuencia, en los precios de distintos bienes y servicios. (Ámbito Financiero.)