El Gobierno de Entre Ríos dispuso la apertura de un sumario administrativo contra un agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco de una investigación por presuntas inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo.

La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

Investigación administrativa

Según surge del decreto, la instrucción del sumario estará a cargo de la Dirección de Sumarios dependiente de la Fiscalía de Estado, organismo que deberá determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.

La medida se adoptó luego de detectarse reiteradas ausencias injustificadas del agente, situación que dio origen a las actuaciones administrativas correspondientes.

Reclaman la devolución de más de $8,7 millones

Además del inicio del proceso disciplinario, el Ejecutivo provincial aprobó una liquidación elaborada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano que determinó la existencia de haberes percibidos indebidamente.

De acuerdo con el decreto, el monto reclamado asciende a 8.782.886,23 pesos, suma a la que deberán agregarse los intereses calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Plazo de 30 días para reintegrar el dinero

La normativa establece que el agente deberá reintegrar el dinero en un plazo de 30 días corridos desde su notificación.

Asimismo, se advierte que, en caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado quedará facultada para iniciar las acciones judiciales correspondientes con el objetivo de recuperar los fondos, incluyendo intereses, gastos y honorarios legales.

Posibles acciones judiciales

El decreto también prevé que, si no se concreta la devolución voluntaria de los montos reclamados, el Estado provincial avanzará con las medidas legales necesarias para obtener el recupero de los fondos que considera indebidamente percibidos.

Mientras tanto, el sumario administrativo continuará su curso para determinar las eventuales responsabilidades y sanciones que pudieran corresponder en el ámbito de la administración pública.