El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual el Gobierno nacional incorporó nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino, así como de quienes ultrajen los símbolos patrios.
La medida fue anunciada oficialmente por la Oficina del Presidente, que sostuvo que el decreto responde a «las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos».
El comunicado oficial señala que la nueva normativa incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión del territorio nacional a «todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios».
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026
Asimismo, el Ejecutivo afirmó que «la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable» y concluyó con una definición política: «Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país.»
Contexto de la medida
El anuncio se produjo luego de que el presidente Milei denunciara públicamente la existencia de una supuesta «campaña antiargentina», especialmente durante el desarrollo del último Mundial de fútbol, donde en redes sociales se registraron numerosos cruces y mensajes dirigidos hacia la Argentina y sus ciudadanos.
En distintas declaraciones, el mandatario vinculó esas manifestaciones con actores políticos y gobiernos extranjeros, aunque esas afirmaciones generaron cuestionamientos y debates en distintos sectores políticos y mediáticos.
Continúa la reforma migratoria
El nuevo DNU se suma a otras modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en materia migratoria desde el inicio de la gestión.
Entre ellas figura el DNU 366/2025, que introdujo cambios en el acceso a la ciudadanía argentina, estableció nuevos requisitos para los trámites migratorios y modificó aspectos relacionados con el acceso de extranjeros a distintos servicios públicos.
Ese decreto fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional Electoral, que entendió que la norma modificaba leyes mediante un DNU sin que estuvieran acreditadas las condiciones de necesidad y urgencia previstas por la Constitución Nacional, además de considerar que regulaba aspectos vinculados al régimen de ciudadanía y derechos políticos.
Frente a esa decisión, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que resuelva definitivamente la validez de la medida, expediente que actualmente continúa pendiente de resolución.
Nuevos controles migratorios
La actual administración también creó recientemente el Programa de Seguridad Migratoria, mediante el cual se conformaron Unidades de Seguridad Migratoria dentro de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Estas unidades trabajan en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones y tienen como funciones colaborar en controles migratorios, prevención, detección e investigación de delitos vinculados a la migración, además de brindar apoyo operativo en pasos fronterizos y otros puntos estratégicos del país.
Con este nuevo decreto, el Gobierno profundiza su política migratoria y de seguridad, una de las principales líneas impulsadas por la gestión de Javier Milei, mientras el alcance de algunas de estas medidas continúa siendo objeto de debate político y de revisión en el ámbito judicial.
