El Gobierno nacional volvió a distribuir fondos destinados a sostener la tarifa social del transporte público de pasajeros. En esta oportunidad fueron más de 13.500 millones de pesos repartidos entre distintas provincias del país. Entre Ríos, una vez más, quedó excluida de ese esquema. Como consecuencia, ciudades como Concepción del Uruguay no recibieron un solo peso.
Este nuevo reparto confirma una realidad que desde hace tiempo viene quedando en evidencia: los subsidios al transporte no desaparecieron. Siguen existiendo. Lo que cambió fue quiénes acceden a ellos y quiénes quedaron afuera.
En nuestra ciudad conocemos de primera mano las consecuencias de esa decisión. Cuando el sistema de transporte urbano atravesó uno de sus momentos más difíciles, fue el Municipio el que debió realizar un importante esfuerzo económico para garantizar la continuidad del servicio. Lo hizo con recursos propios, sosteniendo una prestación esencial para miles de vecinos que todos los días dependen del colectivo para ir a trabajar, estudiar, atender su salud o realizar trámites.
Lo que resulta aún más preocupante es que, frente a una nueva exclusión de Entre Ríos en la distribución de los fondos nacionales, no se advierten reclamos públicos ni gestiones firmes por parte del Gobierno provincial para defender los intereses de los entrerrianos.
La discusión ya no pasa por si deben existir o no subsidios al transporte. Los propios hechos demuestran que continúan vigentes. La verdadera pregunta es por qué algunos argentinos reciben ese acompañamiento del Estado nacional y otros no, pese a aportar con los mismos impuestos.
Los vecinos de Concepción del Uruguay también financian el Estado nacional. También contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de las políticas públicas. Por eso, reclamar una distribución equitativa de esos recursos no significa pedir un beneficio especial, sino exigir el cumplimiento de un principio básico del federalismo: igualdad de oportunidades para todas las provincias.
El federalismo no puede ser solamente una palabra repetida en los discursos. Debe reflejarse en las decisiones de gobierno y, especialmente, en la forma en que se distribuyen los recursos públicos. Cuando los fondos llegan siempre a los mismos destinos y otros quedan sistemáticamente relegados, el federalismo deja de ser una realidad para convertirse en una simple expresión de deseo.
Mientras algunas provincias reciben asistencia para sostener el transporte público, otros municipios deben hacerlo con el esfuerzo exclusivo de sus propios vecinos. Esa diferencia no solo profundiza las desigualdades, sino que también pone en evidencia una deuda pendiente con el interior del país.
Porque un país verdaderamente federal no se construye con discursos, sino con decisiones justas y equitativas.
Juan Martín Garay
Abogado y Concejal
Concepción del Uruguay
