La disputa judicial que involucra la transferencia del control mayoritario de YPF sufrió un nuevo giro luego de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York concediera a la Argentina una suspensión administrativa temporal e indefinida del fallo que ordenaba transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos litigantes.
Este pronunciamiento judicial frena, al menos por ahora, la ejecución del fallo impulsado por la jueza federal Loretta Preska, que había impuesto un ultimátum de 72 horas para cumplir con la orden. La medida representa un alivio para el Gobierno argentino, que argumenta que acatar la sentencia violaría la legislación nacional y provocaría serias consecuencias institucionales y económicas.
La Cámara de Apelaciones estableció un plazo hasta el 22 de julio para la presentación de los escritos en torno a la apelación argentina, y se espera que evalúe en profundidad los argumentos presentados.
Desde el Ejecutivo nacional, se sostiene que la sentencia de Preska no sólo contraviene el derecho federal estadounidense, sino también la Ley de Inmunidades Soberanas y principios de cortesía internacional. A su vez, el Departamento de Justicia de Estados Unidos manifestó reparos sobre las implicancias que podría tener un embargo forzado, sumando respaldo a la postura argentina.
La polémica alcanza también a las provincias, como Chubut, que han comenzado a movilizarse para proteger su participación accionaria en YPF. Aunque la empresa petrolera no es parte directa del litigio, la decisión judicial impacta de manera directa en su estructura accionaria y genera preocupación en torno a sus proyectos estratégicos, especialmente en Vaca Muerta y la iniciativa del Gas Natural Licuado (GNL).
Este nuevo capítulo mantiene la atención puesta en un caso que podría tener consecuencias significativas para la economía energética argentina y para la dinámica de inversiones en el sector hidrocarburífero. (Uruguayenses)
